Por Mary González
El Gobierno del Estado de México ha endurecido el marco legal contra el despojo de inmuebles con reformas significativas al Código Penal estatal, que ya están vigentes desde el 16 de julio de 2025. Esta nueva legislación clasifica el despojo como un delito grave, con sanciones que pueden alcanzar hasta 25 años y seis meses de prisión para quienes ocupen propiedades de manera ilegal, así como para los autores intelectuales y funcionarios públicos involucrados.
La reforma responde al incremento alarmante de casos de invasión de viviendas, terrenos y otros bienes inmuebles en distintas zonas del Estado de México, un fenómeno que afecta tanto a particulares como a comunidades enteras. Con la entrada en vigor de estas disposiciones, las personas imputadas por este delito ya no podrán enfrentar el proceso en libertad bajo fianza, sino que deberán cumplir prisión preventiva obligatoria.
Las penas por despojo inician con un rango base de cinco a diez años de prisión, acompañadas de multas económicas que oscilan entre 700 y mil días de salario mínimo. Sin embargo, cuando el delito se comete bajo circunstancias agravantes -como la participación de funcionarios públicos, notarios, o mediante el uso de violencia o engaño- las penas aumentan considerablemente hasta alcanzar entre 10 y 17 años de cárcel. Si además se trata de una acción planeada o ejecutada por un autor intelectual, la sentencia puede llegar hasta los 25 años y medio de prisión.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la protección específica a grupos en situación de vulnerabilidad. Si la víctima del despojo es un menor de edad, adulto mayor, persona con discapacidad, mujer embarazada o integrante de una comunidad indígena, la sanción puede aumentar hasta en una mitad adicional. Esto también aplica si el delito se comete aprovechando la ausencia del propietario o a través del abuso de confianza.
Las reformas también contemplan sanciones para funcionarios públicos y notarios que colaboren directa o indirectamente en actos de despojo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha informado que actualmente se investigan tres notarios públicos y cinco funcionarios del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) por su presunta participación en redes dedicadas al despojo de propiedades.
Además del despojo de viviendas, el nuevo marco legal incluye disposiciones para castigar el uso o desvío ilegal de recursos hídricos. En estos casos, las penas van de cinco a diez años de cárcel. También se sanciona con hasta doce años de prisión la invasión de predios ubicados en áreas naturales protegidas o zonas de conservación ambiental, subrayando el compromiso del gobierno estatal con la protección de los bienes comunes y el medio ambiente.
Estas medidas se enmarcan en la estrategia conocida como “Operación Restitución”, mediante la cual las autoridades mexiquenses han asegurado hasta ahora 546 inmuebles que fueron objeto de despojo en diversos municipios. De esos, 140 ya han sido restituidos a sus legítimos propietarios, y se espera que la cifra continúe en ascenso con la aplicación estricta de la nueva normativa.
La publicación oficial de las reformas en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, firmada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, representa un mensaje claro de cero tolerancia a este delito. El endurecimiento de las penas busca frenar las redes delictivas que lucran con la invasión de propiedades, así como brindar mayor certidumbre jurídica a la ciudadanía.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México apuesta por la justicia, la legalidad y el respeto a la propiedad privada, reafirmando su compromiso con la seguridad patrimonial de las familias mexiquenses.
