* La ASF coloca al Estado de México como la entidad con más observaciones del país, mientras crecen dudas sobre el manejo de recursos en sectores golpeados por la pobreza……
Por Mary González
El Estado de México encabeza la lista nacional de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, tras detectarse presuntas irregularidades por más de seis mil millones de pesos en la Cuenta Pública 2024, una cifra que no solo exhibe fallas administrativas sino que abre un cuestionamiento directo al gobierno de Delfina Gómez Álvarez, ¿qué está haciendo su administración para solventar este boquete financiero mientras millones de mexiquenses sobreviven en condiciones precarias?.
Los informes preliminares hablan de posibles desvíos, inconsistencias y recursos federales cuyo destino no ha sido plenamente comprobado, observaciones que involucran diversas dependencias estatales y programas financiados con dinero público, es decir, recursos que debían traducirse en servicios, infraestructura y bienestar para la población más numerosa del país.
El Estado de México no es cualquier entidad, es el más poblado de la República Mexicana, concentra el cinturón de pobreza más grande del territorio nacional, donde las carencias más profundas se reflejan en educación, salud y seguridad, sectores que arrastran rezagos históricos y que hoy vuelven a colocarse en el centro del debate.
Mientras en comunidades enteras faltan medicinas, escuelas operan con infraestructura deteriorada y la inseguridad golpea diariamente a familias trabajadoras, la ASF documenta miles de millones de pesos con observaciones pendientes, una contradicción que indigna y que exige respuestas inmediatas.
La ley establece plazos para que el gobierno estatal aclare o solvente cada observación, pero más allá de los tiempos legales, la sociedad reclama transparencia real, informes detallados y responsables identificados, no discursos generales ni evasivas políticas, porque cada peso observado representa una oportunidad perdida para atender necesidades urgentes.
Resulta inevitable preguntar ¿cómo se explica que en la entidad con mayores carencias sociales aparezcan irregularidades de esta magnitud?, ¿cómo justificar que mientras hospitales reportan desabasto y escuelas requieren mantenimiento básico, existan recursos cuyo destino no ha sido plenamente acreditado ante la autoridad fiscalizadora?
El debate cobra mayor dimensión en un contexto nacional, donde el combate a la corrupción ha sido bandera reiterada desde la Presidencia de la República, la exigencia de congruencia es inevitable, si el discurso oficial promete cero tolerancia, el caso mexiquense se convierte en prueba decisiva.
Analistas advierten que los próximos meses serán cruciales, si las observaciones no se solventan podrían derivar en responsabilidades administrativas o incluso penales, lo que pondría a prueba la capacidad institucional para sancionar sin distinciones partidistas, la pregunta es si habrá consecuencias o si todo quedará en trámites burocráticos que diluyan la responsabilidad.
La gravedad del señalamiento no radica solo en la cifra, sino en el contexto social donde impacta, seis mil millones de pesos equivalen a hospitales equipados, escuelas rehabilitadas, patrullas nuevas, programas de apoyo fortalecidos, en cambio hoy son recursos bajo sospecha.
¿Qué está haciendo el gobierno de Delfina Gómez Álvarez para garantizar que cada observación sea aclarada con documentos verificables y resultados concretos?, ¿existe una estrategia integral de revisión interna o solo se responderá caso por caso ante la presión mediática?, la ciudadanía merece conocer acciones puntuales y no simples declaraciones.
El Estado de México enfrenta desafíos estructurales enormes, desigualdad persistente, crecimiento urbano desordenado y violencia cotidiana, ante ese panorama, la administración estatal tiene la obligación de demostrar que los recursos públicos se manejan con rigor y honestidad.
Porque en la entidad con el mayor número de habitantes y el cinturón de pobreza más amplio del país, cada peso cuenta, y cuando miles de millones quedan bajo observación, la confianza pública también queda en entredicho, la rendición de cuentas no es opcional, es una exigencia inaplazable para quienes gobiernan y administran el presupuesto de millones de mexiquenses.
