* Inician foros para reformar la Ley de Amnistía del Estado de México……
* Amnistía no es impunidad ni olvido, es un acto de justicia y reconciliación social que reconoce errores y los corrige……
Por Martha Romero
Con la firme convicción de que la justicia debe servir al pueblo y no condenar a los más vulnerables, la diputada Zaira Cedillo Silva y el diputado Israel Espíndola López dieron inicio con los foros para reformar la Ley de Amnistía del Estado de México, con lo que buscan que ninguna persona permanezca en prisión por delitos que no cometieron.
Durante el arranque de los trabajos en el que participaron activistas, organizaciones como Haz Valer mi Libertad, y víctimas que compartieron sus testimonios de dolor e injusticia.
Empatía y solidaridad con los injustamente presos porque las cárceles están llenas de gente inocente, ya sea por su tono de piel o porque son pobres, fue el llamado que las personas y familiares de quienes han sido injustamente presos hicieron a las autoridades del Poder Judicial durante el foro para la reforma a la Ley de Amnistía del Estado de México.
La diputada Zaira Cedillo Silva, presidenta de la comisión para la Igualdad de Género del Congreso Mexiquense recordó que desde que entró en vigor La Ley de Amnistía en el Estado de México se han recibido más 7 mil 500 solicitudes y ya son alrededor de mil 500 las que se han concedido, lo que quiere decir que más de mil personas recuperaron sus derechos y dignidad.
Sin embargo, dijo, esas cifras indican que hay un sistema que durante décadas fue injusto y fue desigual, ya que en México cuatro de cada 10 personas están presas sin sentencia, esperando años en prisión preventiva porque la mayoría no tuvo un abogado particular sino defensores de oficio y rebasados por los recursos o por la cantidad de casos que se les asigna.
Agregó que más del 60 por ciento de la población penitenciaria proviene de comunidades pobres, lo que demuestra que han sido castigados más por la pobreza que por un delito, a lo que se le suma la sobrepoblación de los penales porque hay cárceles que operan con más del 120 por ciento de su capacidad.
La también integrante de la bancada de Morena añadió que lo anterior significa que la gente pobre tiene que dormir parada, amarrada de los barrotes para no caer, estar tirados en pisos fríos y sucios, además de que apenas les alcanza para comer lo mínimo para sobrevivir, realidad de lo que pasa en los penales.
“Las personas injustamente presas fueron víctimas de la corrupción de un sistema legal que durante años privilegió a los poderosos y castigó a los más humildes. La amnistía es justicia social es corregir los errores de un sistema podrido que durante décadas condenó a inocentes y pobres, mientras que los verdaderos criminales han gozado de libertad o gozaban incluso, en muchos casos hemos visto la impunidad por la corrupción con algunos personajes”, expuso.
Finalmente, mencionó que con esta reforma se busca que la amnistía sea más ágil, se revisen expedientes con perspectiva de derechos humanos, se reduzca la sobrepoblación carcelaria y que ninguna persona pierda su libertad por ser pobre, es el compromiso de la transformación al poner al pueblo por delante al acabar con los privilegios y construir un Estado de México más justo, humano y digno.
Por su parte, Fabiola Vite, coordinadora del Centro de Derechos Humanos “Ceferino Ladrillero” indicó que de acuerdo con el último censo penitenciario del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2025, arroja que hay una población de personas privadas de la libertad en el Estado de México de 35 mil 771.
Refirió que de este número, 3 mil 124 fueron beneficiadas con la amnistía, de las que 21 recibieron el pronunciamiento de amnistía a través de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) por condiciones de vulnerabilidad y/o violaciones al debido proceso, y/o violaciones a sus derechos humanos.
Por ello, dijo, no solo es necesario reformar la Ley de Amnistía sino también el Código Penal, ambos del Estado de México, ya que muchas personas que un día salieron a trabajar y ya no regresaron a su casa, fueron detenidas de manera arbitraria, incomunicados, seguramente torturados, víctimas de una indebida investigación y no tuvieron acceso a una impartición de justicia con enfoques multiculturales o de género.
