Por Mary González
La situación de la niñez y adolescencia en el Estado de México es alarmante y revela un patrón de abandono institucional pues, de acuerdo con los datos más recientes, la entidad con mayor población infantil del país, concentra los números más altos de víctimas de feminicidio, violencia familiar, reclutamiento forzado, abuso sexual y negligencia, mientras los gobiernos locales y federales presentan cifras que maquillan la realidad; la violencia contra menores no es un hecho aislado sino la consecuencia de décadas de desinterés, de estructuras de protección social insuficientes y de un aparato de justicia incapaz de prevenir, proteger y sancionar, el saldo es que miles de niños y adolescentes viven expuestos a un riesgo constante sin mecanismos reales de defensa.
Feminicidios y reclutamiento forzado
El Estado de México lidera la estadística nacional de feminicidios entre menores de edad, un indicador que no solo refleja la gravedad del crimen sino la impunidad con la que actúan agresores y redes de protección, al mismo tiempo se ha documentado la mayor cantidad de adolescentes víctimas de reclutamiento por grupos delictivos, un fenómeno que evidencia la penetración del crimen organizado en la vida cotidiana y la vulnerabilidad de los jóvenes frente a promesas falsas, amenazas y coerción, la sociedad civil ha denunciado, desde hace años, la falta de políticas eficaces que detengan este círculo de violencia y que ofrezcan alternativas reales a quienes corren riesgo de ser captados por la delincuencia.
Violencia familiar y abandono institucional
Por otro lado, la violencia familiar en el Estado de México, muestra cifras históricamente altas, los menores son objeto de maltrato físico, psicológico y abandono, la negligencia se ha normalizado en muchas familias y, en la práctica, se reproduce la sensación de impunidad, el Estado no logra garantizar derechos básicos como salud, educación y protección, los embarazos infantiles y adolescentes son otro síntoma de la omisión gubernamental, mientras los presupuestos destinados a la infancia se reducen, la atención a las necesidades de los menores se diluye en programas que no llegan, en trámites burocráticos y en promesas incumplidas.
Retrocesos y presupuesto insuficiente
A pesar de algunos avances estadísticos, como la reducción de homicidios dolosos y de trata de personas, los retrocesos son significativos, el número de menores desaparecidos ha subido de manera alarmante, la violencia sexual y física ha incrementado, y el reclutamiento de adolescentes por grupos delictivos crece en paralelo con la disminución de presupuesto federal destinado a la infancia, la reducción de 11% a 10.8% refleja prioridades equivocadas frente a la urgencia de garantizar derechos, la protección de menores sigue siendo un asunto que recibe atención parcial mientras la crisis estructural persiste.
Contexto nacional y comparativo
Si bien otros estados como Guanajuato y Michoacán presentan cifras graves, el Estado de México concentra la mayoría de los indicadores más preocupantes, es la entidad donde los menores enfrentan simultáneamente feminicidios, violencia familiar, abandono, explotación sexual y riesgo de reclutamiento, una combinación que exige no solo atención inmediata sino un replanteamiento profundo de políticas públicas, de recursos, de sistemas de justicia y de vigilancia social, no se trata de estadísticas aisladas sino de vidas que quedan expuestas a daños irreversibles.
El desafío de garantizar derechos
La realidad es que a enero de 2026 quedan enormes retos para asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes, la violencia sistemática y la desprotección institucional colocan al Estado de México en el centro de la crisis, cualquier estrategia que no atienda la prevención, la educación, la protección social y la justicia integral está destinada al fracaso, mientras los responsables políticos posan con cifras maquilladas, los menores siguen viviendo en riesgo, el futuro de una generación depende de la capacidad del Estado de reconocer la gravedad del problema y actuar más allá de comunicados y programas simbólicos.
La denuncia de REDIM muestra que la infancia en el Estado de México no puede esperar, la acumulación de violencia, negligencia y abandono exige medidas urgentes y estructurales, la política pública debe dejar de ser reactiva y convertirse en preventiva, los recursos deben garantizarse de manera efectiva, la justicia debe llegar a las víctimas y la sociedad debe ser consciente de que cada cifra representa un menor cuya vida está comprometida, solo con acciones decididas se podrá revertir un patrón histórico de abandono y proteger a quienes son el futuro del país.
