* Empleados denuncian retención de salarios en áreas clave del Ayuntamiento……
Redacción
El Ayuntamiento de Naucalpan, encabezado por Isaac Martín Montoya Márquez, enfrenta graves acusaciones por el presunto cobro de “diezmos” a empleados municipales, trabajadores denuncian que se les exigía entregar entre el 10 y 15 por ciento de sus salarios, como una cuota obligatoria disfrazada de requisito laboral.
La práctica, según las denuncias, no es nueva, pues se arrastra desde administraciones anteriores y se consolidó con mayor fuerza en tiempos de la expresidenta Patricia Durán Reveles y, lo que hoy se denuncia públicamente, pone bajo la lupa a la actual gestión morenista que había prometido erradicar la corrupción.
De acuerdo con testimonios recabados, la afectación alcanza a por lo menos 2 mil 500 empleados, lo que representa aproximadamente la mitad de la plantilla laboral de Naucalpan, los afectados aseguran que cada quincena eran obligados a entregar sobres amarillos con parte de su salario en efectivo, en las áreas señaladas con mayor frecuencia como OAPAS, Servicios Públicos, Tesorería y Desarrollo Económico, el monto total recaudado bajo este esquema superaría los 10 millones de pesos mensuales, lo que convierte este presunto mecanismo en un sistema paralelo de financiamiento con enormes implicaciones políticas y legales.
Los testimonios de trabajadoras como Delia Ramírez y Carolina Juan Aguilar, exponen de manera cruda la dimensión de la corrupción, ambas empleadas del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado de Naucalpan, denunciaron haber sido obligadas a entregar parte de su salario con la justificación de que la instrucción “venía desde presidencia” y que negarse significaba perder el empleo.
Delia aseguró que llegó a entregar hasta 8 mil pesos mensuales, en efectivo, directamente a su jefe inmediato mientras que, Carolina, relató que durante su tiempo en la nómina debió aportar alrededor de 6 mil pesos cada mes, ambas coincidieron en que se trataba de una práctica sistemática, normalizada y protegida desde las más altas esferas municipales.
Las acusaciones apuntan de manera directa al presidente municipal Isaac Montoya y a varios de sus principales colaboradores, los nombres que más se repiten en las denuncias son Ricardo Gudiño Morales, director del OAPAS; Miguel Becerril, director de Desarrollo Económico; Claudia Oyoque, tesorera municipal y José Antonio “Pepe Toño”, responsable de Servicios Públicos, todos ellos señalados de haber operado o tolerado el cobro sistemático a trabajadores municipales.
El denunciante principal, Juan Olivas Islas, consejero político de Morena, no solo pidió la expulsión inmediata de Montoya y Gudiño de las filas del partido, sino que advirtió que los recursos obtenidos no se destinaban a actividades políticas, como en otros casos documentados, sino al beneficio personal de los funcionarios.
La Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de México ya abrieron investigaciones sobre este caso, con base en documentos y estados de cuenta que coinciden con las fechas de pago de nómina y con los montos retirados en efectivo, las denuncias también llegaron a la Presidencia de la República lo que motivó la intervención de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General de Justicia estatal en materia de corrupción, la presión social y política crece y se espera que las indagatorias definan si se trata de un esquema similar al registrado en Texcoco hace una década.
Vale recordar que entre 2013 y 2015 en Texcoco trabajadores del ayuntamiento y del DIF municipal sufrieron descuentos irregulares a sus salarios para financiar actividades de Morena, dicho esquema operó cuando la hoy gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, era presidenta municipal, ese caso derivó en una multa de 4 millones 529 mil pesos al partido por parte del INE, sanción confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la similitud entre ambos episodios revive el debate sobre prácticas clientelares disfrazadas de recaudación partidista.
La diferencia es que en Naucalpan, los testimonios de empleados indican que el dinero no tenía un destino político, sino que se quedaba en manos de los propios funcionarios, lo que se asemeja más a un “cobro de piso” interno que a un mecanismo de recaudación partidista, trabajadores relataron que, incluso, quienes estaban por honorarios o eventuales fueron obligados a entregar su porcentaje, de lo contrario se les advertía que su contrato no sería renovado.
Este caso desnuda nuevamente las viejas prácticas de corrupción enquistadas en los gobiernos municipales del Estado de México, la llamada transformación prometida por Morena en Naucalpan, se ve empañada por denuncias que ponen en duda el compromiso de la administración con la transparencia y rendición de cuentas, mientras tanto miles de empleados siguen esperando justicia y el fin de un mecanismo que convirtió la nómina, en una caja chica de la política y la ambición personal.
