De pronto se prenden las alertas, hay intranquilidad y preocupación entre los magistrados, una vez que se adelanta que la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador pone a más de 127 mil personas en inestabilidad laboral y no contempla costos asociados a conflictos legales, pago de indemnizaciones y derechos adquiridos de las 6 mil 711 personas juzgadoras y magistradas de los estados y la Federación que podrían perder su trabajo de aprobarse esta iniciativa.
Datos de los Censos Nacionales de Impartición de Justicia Estatal y Federal, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), resumen que en 2023 los poderes judiciales locales se componían de 73 mil personas servidoras públicas, mientras que el Poder Judicial de la Federación era la fuente de empleo para 54 mil 388 personas.
Por ello, una reforma como la que se propone podría afectar y provocar “inestabilidad laboral grave” a las 127 mil 388 personas que actualmente trabajan dentro de los 33 poderes judiciales que hay en el país, de acuerdo con datos oficiales.
Por otra parte, tampoco contempla el costo al erario público que resultaría de destituir a las 5 mil 25 personas juzgadoras y magistradas que hay en los poderes judiciales estatales y a las mil 686 personas juzgadoras, magistradas y ministras del Poder Judicial de la Federación.
Vale agregar, de igual manera, que estos costos al erario público, a su vez, estarían asociados a demandas en materia laboral o litigios en el ámbito internacional, lo que implicaría el pago de indemnizaciones por la afectación a sus garantías de inamovilidad en el cargo y a sus derechos laborales adquiridos.
“Hay un nerviosismo importante porque tampoco tienen la certeza de que en caso de que terminen sus contratos laborales, el gobierno los va a liquidar, y es un tema importante porque imagínate el costo que tendría liquidar a mil 600 servidores públicos (a nivel federal) que a lo mejor los que tienen carrera judicial, en el mejor de los casos, llevan 20 o 30 años trabajando en el cargo”, señala Ricardo Mendoza, titular de la Coordinación de Estado de Derecho del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados (INCAM).
Se adelanta también sobre el riesgo que existe de que el personal sindicalizado de juzgados y tribunales también sufra despidos injustificados.
“Es probable que el personal judicial de apoyo (secretarios, actuarios y oficiales judiciales, entre otros) no sea evaluado por las nuevas personas juzgadores conforme a la calidad de su trabajo, sino conforme a su afinidad ideológica, a su utilidad para conseguir objetivos personales o de grupo o con base en otros criterios políticos”, advierte la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Vale recordar que apenas el pasado 6 de junio de 2024, trabajadores del Poder Judicial de la Federación enviaron una carta a Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta de México, donde le pidieron ser considerados ante la “inminente reforma” judicial impulsada por el presidente López Obrador.
En el documento redactado por Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato del PJF, se indicaba que más de 32 mil trabajadores de base sindicalizados sienten incertidumbre laboral y económica ante la eventual aprobación de la reforma.
“¿Cuál es la alternativa? No indemnizarlos, sino indebidamente darles un finiquito que obviamente sería contrario a la legislación laboral o simplemente correrlos a la mala, pero en todo caso eso añade otro ingrediente respecto de la viabilidad (de una elección judicial) y yo creo que ese impacto sería muchísimo más caro que las propias elecciones”, señala Ricardo Mendoza, del INCAM.
Un cálculo preliminar, a partir de un posible número de juzgadores a elegir, permite estimar un proceso de elección para personas juezas, magistradas y ministras de 22 mil millones de pesos, cifra equivalente al 2 % del gasto de inversión física presupuestaria, subsidios para el sector social y para todas las entidades federativas y municipios del país.
