Por Karina A. Rocha Priego
* Cancelar fideicomisos creará fábrica de extorsionadores judiciales……
Tremendo escándalo se ha armado en torno a la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, los cuales ascienden a más de 20 mil 516 millones 842 mil 197.06 pesos y que, en lo general, corresponden a trabajadores del Poder Judicial.
Pero parece que pocos o nadie alcanza a entender que estos recursos son “el ahorro y apoyo” que se les da a los empleados del Poder Judicial, como una compensación al trabajo que a diario desarrollan, dentro del sistema judicial.
Maliciosamente han hecho creer que estos recursos son dineros tirados a la basura y que corresponden a un “robo” contra el erario público y no una prestación para los trabajadores, los cuales hoy, con estas acciones, están siendo severamente afectados, no sin antes, destacar que, precisamente esos trabajadores, exponen a diario su seguridad y la de sus familias por el tipo de asuntos que llegan a manejar en sus juzgados en toda la república mexicana.
Esta situación ha provocado movilizaciones de los trabajadores del sistema judicial mexicano en todo el país como protesta nacional en contra de la eliminación de los fideicomisos, movilizaciones que derivarán en un paro de labores, lo cual traerá severas consecuencias y retrasos a los asuntos judiciales que se vienen manejando en los juzgados federales de todo el país.
Pocos o nadie entiende, que los recursos del fideicomiso son un apoyo o prestación que se les brinda a los trabajadores del sistema para el buen desarrollo de sus funciones.
Nada más, querido lector, póngase usted a pensar que los fideicomisos que el gobierno federal ¡quiere adueñarse! -que no es otro fin, sino adueñarse de ese dinero- son:
* Fideicomiso para pensiones complementarias de mandos superiores (SCJN).
* Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo (SCJN).
* Plan de prestaciones médicas (SCJN).
* Manejo de producto de la venta de publicaciones, CD’s y otros proyectos (SCJN).
* Remanentes presupuestales (SCJN).
* Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (SCJN).
* Pensiones complementarias de magistrados y jueces (CJF).
* Mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces (CJF).
* Apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de la SCJN (CJF).
* Desarrollo de infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal (CJF).
* Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias (CJF).
* Fondo mixto de cooperación técnica y científica entre México y España (TEPJF).
* Fideicomiso de apoyos médicos complementarios (TEPJF).
Desafortunadamente -aunque no es de extrañarse-, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha descalificado las protestas de los trabajadores del Poder Judicial, a quienes acusó de no trabajar y de dejarse manipular por líderes sindicales “charros y privilegiados”, sin detenerse a pensar que los empleados, los de abajo, los que hacen “la talacha” en los juzgados federales de todo el país, son los que están expuestos y que los sueldos que perciben no son precisamente “los mejores” de México.
Hoy, con la cancelación de apoyos a los trabajadores del Poder Judicial mexicano, lo único que está creando el Presidente de México es una fábrica de delincuentes y que se recrudezca la corrupción en juzgados del país, pues no habrá magistrado, juez, secretario de acuerdos, o cualquiera que tenga que ver con expedientes judiciales que no se preste a un soborno para sacar adelante un asunto, del tamaño que sea.
No es justo que denosten el trabajo de los empleados del Poder Judicial, que los humillen y los señalen, es increíble la incongruencia con la que se maneja el Ejecutivo cuando por meses han señalado “plagios” entre integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero, como “son amigos del presidente”, entonces “hagan caso omiso”, pero sí hay que perjudicar “a los de abajo”, a los que, insisto, hacen el trabajo duro, a los que salen a las calles a dejar un acuerdo y toparse con toda clase de riesgos.
Empleados amenazados por la delincuencia organizada en busca de algún “apoyo oscuro”, hombres y mujeres que se la juegan ¡a diario!, que tienen familias que mantener y, si bien es cierto algunos fideicomisos podrían entrar “a revisión”, ello no implica el tener que ¡robárselos todos! a los trabajadores, porque de eso se trata, ¡de un robo!, uno más contra los recursos del pueblo.
Es importante explicar, con peras y manzanas, que, por salud mental, todos los que conforman un Juzgado Federal, como un juez de Primera Instancia; dos secretarios de Acuerdos de Juzgado; o dos secretarios Proyectistas de Juzgado; o un secretario conciliador; dos secretarios actuarios de juzgado; y o dos pasantes de Derecho, además del personal de planta que labora en los juzgados, tienen que ser movidos de lugar constantemente, para evitar sean víctimas de la delincuencia organizada, si consideramos que, los casos que muchos de estos manejan, tienen que ver con narcotráfico, secuestro, violaciones, fraudes empresariales multimillonarios, entre otros, y quienes aguantan “el golpe” son precisamente esos empleados a los que el presidente mexicano, lejos de proteger acusa, humilla, descalifica y además, ¡les quita su dinero!.
Estamos hablando de perjudicar a más de 55 mil empleados que conforman el Poder Judicial Federal en México, como un acto revanchista del gobierno federal contra un poder que se ha resistido a arrodillarse, venderse y sobre todo, trastocar el Estado de derecho, contrariamente, el día de ayer la Cámara de Diputados aprobó la reforma que envió López Obrador para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pueda crear un fideicomiso con dinero para operar el Tren Maya. Nuevo fideicomiso que recibirá dinero de los visitantes que paguen su visa de visitante o turismo.
O sea que, ¿les quitan a los que sí trabajan para darles a los que nada tienen que hacer en este país?, ¿migrantes?, ¿asilados? Mientras tanto, empleados del Poder Judicial amagan con ¡paro nacional!, lo cual perjudicará aún más al sistema, afectando, además, a todo aquel que tenga asuntos en los juzgados que, gracias a este nuevo capricho, podrían tardar mucho más tiempo del necesario.
De por sí en México el sistema judicial es “lento”, con estas acciones, podría convertirse en un “agujero negro” donde los asuntos, tal vez nunca tengan una solución, echando a perder todo el trabajo que por años se ha hecho para lograr una justicia pronta y expedita. ¿Sabrán quienes están detrás de la destrucción del Poder Judicial mexicano, lo que esto significa? ¡Nos queda claro que no!…
