Derivado del desvío de recursos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), una entidad creada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha alcanzado los 17 mil millones de pesos, incluida la reciente detección de una nómina paralela de 400 personas que cobraban sin trabajar, de acuerdo con información proporcionada por fuentes confiables y de los propios trabajadores afectados.
Caso Segalmex
– Suman 17 mil millones de pesos en total de recursos observados por la Auditoría Superior de la Federación, incluyendo irregularidades recientes y previas.
– Se han presentado 69 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República.
– Hay 87 personas denunciadas y actualmente bajo investigación.
– 3 mil 27 millones de pesos no comprobados del programa Precios de Garantía para Productos Alimentarios Básicos en 2019.
– Reportan 8 mil 638 millones de pesos por presunta corrupción detectada por la ASF en Segalmex, Diconsa y Liconsa en 2020.
– Por si fuera poco, 950 mil pesos de recursos públicos colocados en bonos bursátiles.
Antecedentes
Es de recordar que, desde su creación, Segalmex ha estado bajo escrutinio.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el gasto administrativo desde 2019, aunque en ese momento no tuvo acceso a la desagregación de los gastos. La auditoría de ese año mostró que Segalmex gastó 1,148 millones de pesos en operación de programas, 14.2 % del presupuesto, excediendo el límite de 5 %.
Las irregularidades no estuvieron desagregadas, debido a la autorización de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), entonces dirigida por Víctor Manuel Villalobos.
La ASF había detectado hasta hace unos meses desvíos por más de 15 mil millones de pesos, principalmente durante la gestión de Ignacio Ovalle, quien actualmente dirige el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) han identificado varios esquemas de desvío, incluido uno en el que René Gavira Segreste, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, autorizó la colocación de bonos bursátiles por 950 millones de pesos.
Las ganancias de estos bonos se transferían a Gavira, mientras que las pérdidas eran absorbidas por las empresas paraestatales. Gavira ha señalado a Ignacio Ovalle como quien le ordenó estas inversiones, aunque no presentó pruebas.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha recibido al menos 69 denuncias relacionadas con Segalmex, Diconsa y Liconsa, de las cuales 55 fueron presentadas por las propias entidades, 4 por la Procuraduría Fiscal, 9 por la Unidad de Inteligencia Financiera y una por la Secretaría de la Función Pública. Actualmente, 87 personas están bajo investigación, siendo el exdirector administrativo René Gavira el funcionario de mayor rango involucrado.
Además de las denuncias, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha ordenado fiscalizaciones sobre los recursos públicos de Segalmex, Diconsa y Liconsa correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, detectando posibles irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios, que podrían derivar en responsabilidades administrativas o penales.
