No hay vuelta de hoja. O sobreviven o mueren ante la avalancha de críticas y desacreditaciones que distintas dependencias han sufrido de parte de la llamada Cuarta Transformación. En la elección de candidatos del Senado el 2 de junio está en juego la continuidad o la muerte de las instituciones que en el actual sexenio fueron despreciadas por la 4T.
Como bien se sabe, quien tenga la mayoría tendrá el control de los procesos para elegir a ministros, magistrados y los diferentes titulares de órganos autónomos, por lo que de ellos depende el futuro y funcionamiento de diversas instituciones.
Vale aclarar que el llamado “Plan C”, que plantea reformas al Poder Judicial, la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) o de órganos autónomos, tiene pocas posibilidades de progresar por la conformación más equilibrada para el Senado.
Por lo pronto, los legisladores deberán trabajar con instituciones que no sufrirán modificaciones legales en su conformación.
A la fecha, los diferentes candidatos al Senado no han hablado sobre qué postura asumirán en la nueva 66 Legislatura: seguramente habrá negociación para sacar adelante nombramientos o seguirá el desacuerdo y apostarán a la parálisis de dichas instituciones.
Diversas encuestas locales y nacionales ubican a Morena y aliados como los partidos que más triunfos podrían tener de las 32 fórmulas de mayoría que están en disputa, surgidos de los estados que gobiernan.
Sin embargo, aunque el bloque del PAN, PRI y PRD también tendrá diversos triunfos en varias entidades, no les alcanzaría para lograr la mayoría absoluta, es decir, 65 o más de los 128 senadores.
El escenario más previsible es que ningún bloque ni partido tenga los votos suficientes para formar mayoría calificada -86 senadores-, para aprobar nombramientos y reformas constitucionales.
Ante dicho panorama, se adelanta entonces que el camino es la negociación para resolver estas responsabilidades del Senado.
Con una Cámara de Senadores donde prevalezcan las actuales condiciones políticas, donde el bloque opositor tenga los votos de mayoría calificada, está por definirse si Morena estará dispuesta a resolver los nombramientos pendientes que heredará la 65 Legislatura o apostará otra vez a congelarlos.
Por ejemplo, están pendientes dos nombramientos de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; tres nombramientos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personas, y tres comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
A ello se suman otros 47 nombramientos pendientes de magistrados electorales; seis magistraturas de Salas Regionales, 72 vacantes del Tribunal de Justicia Administrativa y 41 de tribunales locales.
Y por si ello no fuera suficiente, la nueva 66 Legislatura tendrá que resolver sus propios nombramientos de magistrados, ministros y titulares de órganos autónomos, los que le correspondan a su periodo del 2024-2030.
De inmediato, una vez que comience la nueva legislatura en septiembre, los senadores tendrán que resolver en noviembre sobre la reelección por cinco años más o no, de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, quien asumió en 2019.
También en noviembre, los senadores enfrentarán el proceso de designación de un nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un periodo de 15 años, pues como se sabe el ministro Luis María Aguilar Morales concluye su periodo el 30 de noviembre.
La nueva Presidenta de la República tendrá que proponer una terna al Senado y tomar la decisión de qué tipo de perfiles presentará.
La titular del Ejecutivo federal y los legisladores de mayoría, si son del mismo partido, deberán definir si seguirán por el mismo camino elegido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de proponer perfiles con militancia partidista, esperar el rechazo de la oposición y luego hacer la designación directa.
En la próxima legislatura también deberán resolver los nombramientos de quienes sustituyan a los ministros José María Pardo Rebolledo,en 2026; y Alfredo Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, ambos en 2027.
Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, también la 66 Legislatura tendrá que concluir la elección de un nuevo pleno para la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Ya están pendientes los magistrados que debían sustituir a José Luis Vargas e Indalfer Infante, que concluyeron periodo de siete años en octubre de 2023.
El 31 de octubre de este año concluyen periodo de ocho años los magistrados electorales Felipe Barrera Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón.
Y en octubre de 2025 concluyen cargo los Magistrados Mónica Soto Fregoso, presidenta actual del Tribunal Electoral, Janine Otálora y Felipe de la Maza Pizaña.
Casi podríamos adelantar que la nueva integración del Senado podría apostar por la negociación y consenso para concluir nombramientos pendientes y permitir el funcionamiento normal de las instituciones. Sin duda, lo más complicado está por venir.
