Por Mary González
A dos años de la masacre en Texcapilla, las familias siguen esperando justicia y verdad, y el gobierno estatal sigue instalando mesas, tomando fotografías y acumulando excusas, mientras la desaparición de ocho personas permanece como una herida que no deja de sangrar.
Un crimen que el gobierno prefirió olvidar
A dos años de la masacre registrada en Texcapilla, comunidad de Texcaltitlán, Estado de México, donde vecinos se enfrentaron a una célula de la Familia Michoacana para frenar las extorsiones en la región, las autoridades estatales mantienen la misma postura de siempre, pasividad, silencio y un desolador vacío institucional que ha permitido que la tragedia se vuelva rutina, ocho personas siguen desaparecidas, sin rastro, sin líneas claras de investigación y sin un solo responsable detenido, en un caso que debería ser prioridad estatal por su gravedad, su brutalidad y por lo que revela del abandono histórico de esta zona del sur mexiquense.
La masacre del 8 de diciembre de 2023 no solo mostró la violencia extrema con la que el crimen organizado opera en Texcaltitlán, también exhibió la total incapacidad del gobierno estatal para anticipar, contener y atender una crisis que era evidente desde mucho antes, los testimonios de la comunidad señalaban meses de amenazas, extorsiones y abusos cometidos por Rigoberto de la Sancha Santillán, alias El Payaso, líder criminal que controlaba cobros de piso por todo lo que se producía, se movía o se vendía en la región, aun así, el gobierno no movió un dedo hasta que la violencia explotó.
Cuando los habitantes fueron convocados al campo de futbol por este grupo delincuencial, la autoridad brilló por su ausencia, cuando las amenazas escalaron y la comunidad se resistió, la autoridad tampoco estuvo, cuando estalló la confrontación que dejó 14 muertos, cuatro vecinos y diez criminales, entre ellos El Payaso, la autoridad llegó tarde y mal, como siempre.
Desapariciones que el gobierno mantiene en el limbo
Tras el enfrentamiento, integrantes de la Familia Michoacana privaron de la libertad a 14 personas el mismo 8 de diciembre y a una más el día 10, sin embargo, el gobierno estatal no reaccionó con un operativo inmediato, no hubo despliegues masivos, no hubo búsqueda urgente, no hubo presión política ni social, solo tibiezas, comunicados y promesas que nunca se cumplieron.
El 17 de enero de 2024, siete integrantes de una familia fueron localizados en Zinacantepec, pero ocho personas siguen desaparecidas, sus nombres ya no aparecen en los boletines oficiales, pero sí en la memoria obstinada de sus familias:
Germán García González Joel Huicochea Arce
Pablo Esquivel Salcedo
Urbano Alejandro Ramírez Mercado
Rodrigo Calixto Ramírez
Javier Balbuena Albarrán
J. Trinidad Huicochea Salcedo
Héctor Martínez Cruz
Han sido 24 meses de ausencias, lágrimas, búsquedas improvisadas, excusas institucionales y reuniones estériles con funcionarios que llegan a tomar nota y a prometer coordinación, mientras la urgencia de encontrar a los desaparecidos se diluye entre trámites, burocracia y desinterés.
Autoridades estatales admiten que la población teme denunciar por el poder criminal que domina la región, pero esa explicación repetida una y otra vez no es un diagnóstico, es una confesión de impotencia, de incapacidad y, en muchos sentidos, de abandono.
Simulación de seguridad que no protege a nadie
Como parte de su estrategia, el gobierno presume que en Texcaltitlán operan una base de la Guardia Nacional y otra de la Secretaría de Seguridad estatal, pero la presencia institucional no ha generado confianza ni ha devuelto tranquilidad, solo ha servido para que las autoridades publiquen fotografías de patrullas estacionadas y elementos en formación para aparentar control que en los hechos no existe.
Desde junio de 2024, los integrantes de la GN dejaron de pernoctar en el atrio de la iglesia, donde dormían sin condiciones mínimas, y fueron trasladados a instalaciones equipadas que poco han cambiado la percepción ciudadana, la comunidad sigue bajo la sombra de las extorsiones, los halcones y el miedo, taxistas que operaban como base social para el grupo criminal siguen siendo señalados por la población, mientras la autoridad se limita a decir que la investigación continúa.
La realidad es que la estrategia de seguridad no ha frenado las redes de crimen organizado que dominan el sur del Estado de México, tampoco ha generado mecanismos eficaces de búsqueda ni ha acompañado a las familias de las víctimas, por el contrario, los ha dejado nuevamente solos, como siempre.
Dos años después, el gobierno sigue de espaldas
Este 8 de diciembre, al cumplirse dos años de los hechos, estudiantes de kínder, primaria, secundaria y telesecundaria de Nueva Santa María marcharon acompañados por padres de familia para recordar a las cuatro víctimas mortales y para exigir que regresen los ocho desaparecidos, los niños leyeron poemas y colocaron una ofrenda floral, acciones simbólicas que tienen más fuerza moral que toda la estructura gubernamental que debería acompañarlos.
Las familias siguen de pie, exigiendo respuestas, mientras el gobierno estatal se ha refugiado en la inmovilidad, la opacidad y la simulación, Texcapilla carga con la ausencia de ocho personas que no han sido olvidadas por su comunidad, aunque sí por su gobierno.
A dos años de la masacre, el paradero de estas ocho víctimas sigue siendo un pendiente doloroso, un recordatorio de que la pasividad gubernamental también mata y una prueba irrefutable de que en el Estado de México, la justicia llega tarde o simplemente no llega nunca.
