Por Mireya Álvarez
Omisión de pagos a exservidores, despidos injustificados, falta de pagos de sus finiquitos, aguinaldos y primas vacacionales, acoso sexual y laboral, abuso de autoridad, así como nula atención por parte del Ayuntamiento de Toluca, desde las administraciones de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, hasta la de Juan Maccise Naime, es lo que un grupo de ocho de un total de 54 extrabajadores municipales denunciaron ante la prensa, motivo por el cual solicitan una audiencia con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como con el presidente electo Ricardo Moreno Bastida, y con los nuevos diputados para poder expresar su problemática, ya que han tenido que navegar por “largos” cinco o hasta nueve años, sin haber cobrado lo que les corresponde por ley por los servicios prestados.
Los inconformes indicaron que conforman un grupo de 54 de 56 despedidos, de los cuales dos ya fallecieron, sin recibir respuesta a sus demandas, de un total de mil 700 Trabajadores a quienes se les da largas para recibir su indemnización.
En este sentido comentaron que han recibido intimidación y amenazas para que desistan a este derecho que por ley les corresponde, además de que todas las autoridades con las que se han acercado, les dan largas, evasivas, los insultan, se burlan de ellos y no hacen nada al respecto.
Ante ello, los trabajadores informaron que hasta el momento se han interpuesto 50 denuncias ante la Fiscaliza de Corrupción del Estado de México por la desviación de recursos en cuanto al pago de pasivos laborales, así como las respectivas denuncias laborales y penales en contra del Ayuntamiento, sin que hasta el momento les paguen lo que por ley les corresponde.
“Uno confiaba en que nos iban a pagar, yo cuando iba a pensar en demandar al ayuntamiento, yo confiaba en que nos iban a pagar. Cada 15 días nos pedían que llamáramos y llamábamos y no, todavía no hay recaudación y según hacían tiempo y buscaban en su computadora para darnos largas, fue una estrategia para no pagarnos”, denunció Patricia, una de las ex trabajadoras.
Sin embargo, sus abogados les informaron que ya no pueden interponer una denuncia ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, debido a que el plazo legal para hacerlo venció, ya que al parecer la autoridad usó el tiempo a su favor con compromisos que no se cumplieron, lo cual consideraron como un atropello a sus derechos laborales y todo por un ajuste de cuentas políticas.
“Como recordarán en diciembre del 2021 nos manifestamos todos los empleados del ayuntamiento a fin de que se nos fueran pagados los adeudos que fueron omitidos, hasta ahorita ya pasaron los años y seguimos en la lucha para que se nos pague esas esas percepciones que no han sido liquidadas… Fuimos informados por representantes del Ayuntamiento, que se otorgaron más de 35 millones de pesos para finiquitar a los 54 compañeros, pero Alma Merino Fontova, de un despacho externo del Ayuntamiento, informó que el recurso se había destinado para restaurar la oficina del entonces alcalde Raymundo Carbajal, imagínense tanto dinero para una remodelación, y a nosotros bien gracias, no se vale”, declaró Ofelia Ruiz, ex empleada.
Los afectados también indicaron que, debido a que ya no forman parte activa del sindicato, éste no puede intervenir en su defensa y no tienen otra alternativa que alzar la voz en espera de que alguna autoridad estatal o municipal intervenga.
Por su parte, Elena Sáenz, extrabajadora del sistema DIF municipal, lamentó los despidos de ella y sus compañeros con más de 30 años dedicados al servicio público, otros con seis a 10 años desde la administración municipal de Fernando Zamora Morales, Juan Rodolfo Sánchez y Raymundo Martínez Carbajal, sin que les paguen lo que está pendiente.
“Denunciamos públicamente la omisión de pagos a extrabajadores de la administración municipal con horas extra, fines de semana laborados, con horarios extenuantes de las 07:00 a las 19:00 horas, trabajamos durante la pandemia sin goce de sueldo”, afirmó.
Al respecto, Dalia Martínez, puntualizó que a ella fue víctima de acoso sexual por su antiguo jefe, quien era el encargado directo del área de cartillas, pero al no acceder a su acoso, fue cambiada al área de gobernación con el contador Genaro Ruiz del cual empezó a recibir un claro acoso laboral, hasta que fue despedida de forma injustificada e incluso dijo, que la sacaron las oficinas de la Dirección de Gobierno por orden de Alma Merino, sin que la dejaran sacar sus cosas, por un grupo de cuatro compañeros, lo que le provocó daño psicológico.
“Por el daño psicológico y ahora la violencia económica que ejercen las autoridades sobre los 54 trabajadores, fue nuestra decisión de demandar, pues en una ocasión me encontré al alcalde Juan Maccise para informarle sobre el despido injustificado, comprometiéndose a atender y no ha ocurrido”, aseguró Dalia Martínez.
Además, expuso que estuvo nueve años en el Ayuntamiento y la despidieron a un mes de recibir su aguinaldo entre otras prestaciones que por ley le correspondían y no se le ha pagado un solo peso de los años que dedico a la administración municipal, por lo que confía en que las autoridades hagan lo conducente.
Finalmente los ex empleados, dijeron que pese a que han sido catalogados como liosos, problemáticos, solo están saliendo a defender sus derechos, y que son personas que tienen el valor de salir a decir lo que pasa, a defender sus y los derechos tanto de exempleados como de los activos, que por miedo a quedarse sin trabajo no dicen lo que pasa en las administraciones, y que la unca que ayuda que han recibido ha sido el décimo regidor Mario Cardozo, quien ha sido su voz en las sesiones de cabildo, pero pese a ello, siguen con nula atención.
