Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia de México, ha anunciado que procederá con una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal contra la jueza Nancy Juárez Salas.
La polémica surge tras la decisión de la jueza de impedir la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que, según Godoy, va en contra de la Constitución y sobrepasa las facultades de los jueces de distrito.
Godoy argumentó que las reformas constitucionales, como la que impulsa el Gobierno Federal en relación al Poder Judicial, están exentas de la revisión judicial. “No vamos a bajar la publicación”, sentenció. Además, anunció que presentará una denuncia para que se revise el actuar de los jueces involucrados en los amparos en contra de la reforma, denunciando un “conflicto de interés”.
Ernestina Godoy fue clara en su postura: las reformas constitucionales no pueden ser objeto de amparos ni de juicios en tribunales. La Constitución, según ella, otorga al Congreso de la Unión la facultad de aprobar estas reformas sin que los jueces de distrito puedan intervenir.
Este principio es uno de los pilares en los que se apoya el gobierno de Claudia Sheinbaum para mantener la publicación de la reforma en el DOF. Según Godoy, la decisión de la jueza Juárez Salas de frenar la publicación de la reforma es “una extralimitación de funciones” y atenta contra la voluntad del pueblo, que se refleja en las decisiones del Congreso.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta interpretación. A principios de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara que permite que el Pleno de la Corte analice las controversias constitucionales, incluidas las derivadas de reformas al Poder Judicial. Este fallo ha sido clave en la discusión sobre la viabilidad de los amparos contra reformas como la que actualmente está en el centro del debate.
Aunque Godoy insiste en que la Constitución protege estas reformas de revisiones judiciales, la realidad es que el Poder Judicial ha mostrado una disposición para revisar la validez de ciertos aspectos de la enmienda constitucional. Esto ha generado tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial, en un contexto donde el futuro de la reforma judicial sigue siendo incierto.
Para Godoy, esta denuncia ante el Consejo de la Judicatura es un paso necesario para proteger la reforma judicial. En su opinión, el actuar de los jueces que han frenado la publicación representa un intento de desestabilizar las bases del Poder Ejecutivo y el Legislativo, lo que podría tener graves consecuencias para la institucionalidad de México.
“No queremos que esto quede impune”, afirmó Godoy, mientras reiteraba que el Gobierno Federal no cederá ante lo que considera una violación a los derechos constitucionales del pueblo mexicano.
La presidenta Sheinbaum también respaldó la denuncia, señalando que esta situación no solo afecta la gobernabilidad del país, sino que pone en riesgo la legitimidad de las decisiones que emanan de la voluntad popular.
