Se encienden los focos rojos y las alertas en relación con la llevada y traída reforma judicial, la misma que generó diversos cuestionamientos y enfrentamientos entre las partes afectadas.
Pues ahora se advierte que la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación, promulgada con gran expectativa por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya enfrenta un inesperado obstáculo.
Un detalle clave en la redacción de la reforma ha generado preocupación entre expertos, pues un artículo fundamental de la Constitución no fue modificado. Este desliz podría afectar la aplicación completa de los cambios propuestos, incluyendo la elección de ministros y jueces en las próximas elecciones de 2025.
Vale recordar que apenas el pasado 16 de septiembre, en pleno aniversario de la Independencia de México, la reforma entró en vigor, marcando el inicio de una transformación profunda en el sistema judicial del país. Entre los cambios más notables se encuentran la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9. Sin embargo, un error en la redacción del artículo 96 constitucional ha puesto en duda la correcta implementación de la reforma.
El artículo 94 de la Constitución, que establece las nuevas reglas para la elección de la presidencia de la SCJN, fue modificado para que dicha elección se realice cada dos años, conforme al voto de los ciudadanos.
Sin embargo, el artículo 96, que también regula la elección de la presidencia de la Corte, sigue estableciendo que la presidencia debe renovarse cada cuatro años, elegida por los integrantes del Pleno.
Esta contradicción no fue advertida por los legisladores ni por las instancias encargadas de revisar el paquete de reformas. El abogado Gibrán Zazueta Hernández, trabajador del Poder Judicial en Jalisco, fue uno de los primeros en alertar sobre este error a través de redes sociales. “Se les olvidó reformar el artículo 96 que sigue diciendo que la Presidencia de la SCJN se elegirá cada 4 años por los mismos integrantes del Pleno”, escribió Zazueta a través de sus redes sociales, criticando la falta de atención al detalle.
El impacto de este olvido podría ser significativo. En junio de 2025, los mexicanos acudirán por primera vez a las urnas para elegir a jueces, magistrados y a los nuevos ministros de la SCJN. Sin embargo, si no se corrige la contradicción en los artículos 94 y 96, el proceso de elección de la presidencia de la Suprema Corte podría quedar en un limbo jurídico.
Este desliz ya ha sido criticado por diversos sectores, incluidos trabajadores del Poder Judicial que se encuentran en paro como protesta contra la reforma. La omisión pone en duda la capacidad del gobierno para implementar de manera efectiva los cambios propuestos y genera incertidumbre sobre el futuro de la SCJN y su presidencia.
Destaca el abogado Zazueta Hernández que la rapidez con la que se aprobó la reforma ha sido uno de los factores que contribuyeron a esta omisión.
El paquete de reformas, enviado por López Obrador el pasado 5 de febrero, fue aprobado en tiempo récord por ambas cámaras del Congreso y ratificado por los 32 congresos estatales. Este “fast track” legislativo impidió una revisión detallada del texto, lo que llevó a errores que ahora deben corregirse.
Aunque el gobierno ha intentado promover la reforma como un paso hacia la transparencia y la modernización del Poder Judicial, esta situación genera dudas sobre la calidad del proceso legislativo y la posibilidad de que se hayan pasado por alto otros errores.
La solución al problema pasa por una nueva reforma que ajuste el artículo 96 de la Constitución, alineándolo con los cambios establecidos en el artículo 94.
Sin esta corrección, la elección de la presidencia de la SCJN podría estar en riesgo, afectando la implementación de la reforma en su totalidad.
Con el tiempo en contra, el gobierno deberá actuar rápidamente para evitar que este error afecte los planes de renovación del Poder Judicial.
Mientras tanto, los críticos de la reforma continúan señalando la necesidad de un proceso más cuidadoso y participativo en la toma de decisiones legislativas.
