Por Karina Rocha
En 2025, el Estado de México -corazón geográfico y político del país- se ha transformado en un laboratorio sangriento de lo que implica la consolidación de grupos criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa.
El reciente informe National Drug Threat Assessment de la DEA no solo advierte sobre la gravedad del fenómeno: lo documenta con la precisión de un parte de guerra.
Estos tres cárteles operan con “violencia extrema”, controlan territorios completos, infiltran instituciones y afectan tanto la estabilidad de México como la salud pública de Estados Unidos.
Pero más allá de los datos y las cifras, lo que el informe revela es la cruda realidad de un Estado mexicano donde el narco no solo ha ganado terreno: lo administra.
El Edomex, entidad que alberga a más de 17 millones de personas, está siendo reconfigurado territorial y socialmente por el crimen organizado con una impunidad escalofriante.
La gravedad del escenario no solo exige una respuesta urgente: obliga a cuestionar la complicidad, la pasividad o la inoperancia de los gobiernos federal y estatal.
CJNG: La franquicia del terror
El CJNG ha convertido cerca del 48% de los municipios mexiquenses en zonas de operación permanente. No hablamos únicamente del trasiego de metanfetamina o fentanilo; hablamos de desapariciones forzadas, extorsiones, ejecuciones, control de mercados y dominación armada. Con células que replican prácticas militares, con armamento de grado bélico y un esquema financiero basado en criptomonedas y empresas fachada, el CJNG no es solo una organización criminal: es una estructura paralela de poder.
Lo más alarmante es la aparente incapacidad del Estado para confrontarles. Mientras el gobierno habla de programas sociales y abrazos, el CJNG reparte plomo, toma pueblos y se pasea impunemente por los corredores del Valle de México. El mensaje es claro: quien manda aquí, somos nosotros.
La Familia Michoacana: La feudalización del Edomex
Peor aún es el caso de La Familia Michoacana, que no solo ha extendido su presencia al 60% del territorio estatal, sino que ha construido una economía del miedo basada en el cobro de cuotas, la venta de drogas sintéticas y el saqueo de mercados locales.
Su escisión, La Nueva Familia Michoacana, dirigida por los hermanos Hurtado Olascoaga, ha institucionalizado un modelo paramilitar de dominación local. La propaganda en bardas, las ejecuciones públicas y las alianzas políticas disfrazadas de pactos comunitarios son la nueva normalidad.
Esta estructura ha encontrado terreno fértil en zonas rurales y limítrofes con Guerrero y Michoacán, donde la ausencia del Estado es tan evidente como vergonzosa. Aquí no hay Estado de derecho; hay un régimen criminal con reglas, impuestos y castigos propios. Y lo más peligroso: goza de protección política a nivel local.
Cártel de Sinaloa: Discreción estratégica, presencia letal
Menos visible pero no menos relevante es el papel del Cártel de Sinaloa, cuya estrategia en el Edomex es logística, no territorial, ya que controlan corredores clave hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las rutas de salida hacia el norte y, sin necesidad de enfrentarse abiertamente porque tienen aliados estratégicos, redes de intermediarios y una estructura que privilegia la rentabilidad sobre el espectáculo de la violencia pero, cuando sus intereses se ven amenazados, responden con una contundencia quirúrgica.
Lo más preocupante es el posible acercamiento entre “Los Chapitos” y el CJNG, lo que podría derivar en un frente común para fortalecer sus operaciones de narcotráfico y tráfico de armas, por lo que la DEA no descarta esta alianza coyuntural, que tendría consecuencias devastadoras para el ya colapsado sistema de seguridad mexiquense.
Un Estado tomado
La consolidación de estas tres organizaciones en el Estado de México debe entenderse como una ocupación gradual pero firme.
El narco no solo ha tomado municipios: ha capturado instituciones, ha infiltrado candidaturas, ha sembrado miedo y ha desplazado poblaciones enteras y ya no es un problema de seguridad pública, es una cuestión de soberanía.
El silencio institucional, la retórica vacía y la corrupción rampante son los mejores aliados del crimen organizado. La ausencia de una estrategia nacional coherente, la descoordinación entre niveles de gobierno y el uso político del aparato judicial han permitido que los cárteles operen con la tranquilidad de quien sabe que no será tocado.
La normalización del horror
Lo más grave no es la presencia del narco. Lo más grave es que su presencia se ha vuelto cotidiana. Las comunidades han aprendido a coexistir con la violencia, a negociar con los jefes de plaza, a callar frente a las extorsiones.
En Edomex de 2025, ser testigo de un levantón ya no sorprende; denunciarlo sí. Porque quien habla, desaparece.
La DEA ha sido clara: estas organizaciones representan una amenaza global, pero mientras Washington lanza advertencias y recompensas, en México seguimos administrando el desastre.
El Narcomapa 2025 no es solo un retrato de la violencia: es un diagnóstico de la descomposición del Estado y si no se actúa con decisión y honestidad, muy pronto no quedará territorio que recuperar.
