Las cuentas no le salen a varias gubernaturas de oposición, toda vez que acumulan anomalías en la ejecución de fondos federales por 5 mil 572 millones de pesos, según informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Se trata de recursos ejercidos en 2022, por lo que los actuales gobernadores de Aguascalientes, Coahuila y Durango no tendrían ninguna responsabilidad al respecto, pues heredaron dichas anomalías.
Mientras que en Jalisco, Nuevo León, Yucatán, Chihuahua y Querétaro sí caería con la responsabilidad de los actuales gobernadores.
De acuerdo con la información de la Cuenta Pública 2022, presentada a la Cámara de Diputados en febrero pasado, Durango ocuparía el primer lugar en presuntas anomalías en fondos federales.
Se trataría de observaciones por 3 mil 934 millones, heredados por la administración de José Rosas Aispuro, quien dejó el cargo en septiembre de 2022; es decir, las anomalías corresponderían a su último año.
Por ejemplo, en el concepto de Salud, la Auditoría determinó que “la entidad federativa infringió la normativa, principalmente en materia de transferencia de los recursos, destino y en adquisiciones de bienes y servicios, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal”.
En segundo lugar se encuentra Chihuahua, gobernado por María Eugenia Campos, cuyas presuntas anomalías corresponderían al primer año de su gestión, pues tomó protesta en septiembre de 2021.
Se destaca que a Chihuahua, la ASF le observó 828.9 millones de pesos y en la transferencia de recursos para Salud, la Auditoría indicó que esa entidad “incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones; destino de los recursos; servicios personales, y adquisiciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública”.
En seguida aparece Jalisco, que salió con 249.8 millones de pesos de presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la Federación y es gobernado por Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano.
Hay que resaltar que entre las observaciones, la ASF indicó que Jalisco “infringió la normativa del fondo, principalmente, en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación, por realizar pagos a personal después de la fecha de baja y a trabajadores identificados como decesos”.
Nuevo León, la entidad gobernada por el exprecandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, resultó con 219.1 millones de pesos de anomalías.
“El Gobierno incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia y destino de los recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2022”.
Los estados de Coahuila y Aguascalientes heredaron 100.5 millones y 109.5 millones de pesos de presuntas anomalías correspondientes al último año de Miguel Ángel Riquelme y Martín Orozco, respectivamente.
Por su parte, en Yucatán se decretaron observaciones por 108 millones de pesos y en Querétaro por 5.7 millones, todas en administraciones del PAN.
Se explica que son observaciones preliminares que todavía pueden justificarse por los Gobiernos y en caso contrario, la ASF podría iniciar denuncias por las anomalías que queden sin comprobarse el ejercicio del gasto.
