Estados Unidos considera como una de las “barreras a la inversión” la política energética que restringe la participación privada y acciones de la Cofepris aplicadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación.
La USTR menciona también que “las leyes de México en diversas ramas productivas restringen la inversión extranjera en sectores como la infraestructura de transporte, limita a 49 % a empresas de mensajería urgente y terrenos para fines agrícolas, ganaderos y forestales, -así como para servicios de administración portuaria”.
El martes 1 de abril, en la víspera de que Donald Trump anuncie una nueva política de aranceles recíprocos, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) dio a conocer su informe de 2025 sobre las barreras comerciales que otros países imponen a sus productos.
En el caso de México, refirió los anteriores rubros y documenta diversos obstáculos que, a consideración de la dependencia, afectan las exportaciones estadounidenses. Entre ellas incluye acciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que, asegura, impactan en dispositivos médicos, productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas.
Pero una parte sustancial del apartado dedicado a México lo constituyen las políticas instrumentadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuado por el de Claudia Sheinbaum para fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad.
La oficina comercial estadounidense pone especial énfasis en el sector energético mexicano y le dedica un subcapítulo titulado “Barreras a la inversión” del informe Barreras al Comercio Exterior 2025, la USTR menciona las dificultades que desde diciembre de 2018 México ha aplicado una política restrictiva a la participación privada.
También relata que “en octubre de 2024, México ratificó una reforma constitucional para reclasificar a la CFE y Pemex como ‘empresas públicas’ en lugar de ‘empresas productivas’, con el fin de socavar la participación de empresas privadas, incluidas las estadounidenses, en el mercado energético mexicano”, señala.
En otros pasajes del informe, la Oficina Comercial estadounidense cuestiona que México continúa notificando con poca antelación los cambios de procedimiento, presentando una interpretación inconsistente de los requisitos regulatorios en los diferentes puestos fronterizos y una aplicación desigual de las normas mexicanas y las reglas de etiquetado.
Haciendo caso omiso del T-MEC la Ley Aduanera de México limita la operación de un agente en cuatro puertos si no forma parte de una agencia aduanal, expone el documento, por lo que Estados Unidos insta a México a modificarla, para permitir que los agentes operen en cualquier puerto donde puedan desempeñar sus funciones, insiste.
El informe también cuestiona que la industria farmacéutica estadounidense continúa reportando retrasos de entre 18 y 24 meses para la adjudicación de registros sanitarios y solicitudes de permisos de importación.
“Si bien la Cofepris continúa superando su atraso, las empresas que intentan registrar productos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) en México continúan reportando retrasos de más de un año”.
