Por Mary González
Un juez del Estado de México declaró culpable a María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del síndico municipal y su chofer, hechos registrados en enero de 2023, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
De acuerdo con la autoridad ministerial, el caso se resolvió dentro del marco del Operativo “Enjambre”, una estrategia conjunta entre instancias estatales y federales para combatir la corrupción, la violencia y los presuntos vínculos entre servidores públicos y grupos delictivos.
Los acontecimientos ocurrieron el 25 de enero de 2023, cuando el síndico municipal, identificado con las iniciales M.A.L.C., y su chofer G.J.R. fueron enviados a una zona considerada de alto riesgo mientras realizaban funciones oficiales. Ambos fueron privados de la vida y no regresaron con vida.
Las investigaciones establecieron que la entonces alcaldesa habría ordenado directamente la ejecución de las víctimas, presuntamente con el apoyo de un grupo criminal con presencia regional, con la finalidad de mantener el control político dentro de la administración municipal.
La Fiscalía acreditó ante el juez que Martínez Robles instruyó el homicidio mediante intermediarios ligados a una organización delictiva originaria de Michoacán, elementos que resultaron determinantes para emitir el fallo condenatorio.
María Elena Martínez Robles fue detenida el 22 de noviembre de 2024 durante un despliegue del Operativo “Enjambre”, en el que participaron la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales.
Hasta el momento, este operativo ha derivado en la detención de varios servidores públicos presuntamente relacionados con actividades ilícitas, de los cuales al menos 10 ya se encuentran sentenciados o vinculados a proceso, según datos oficiales.
Tras la declaración de culpabilidad, el juez programó la audiencia de individualización de sanciones, en la que se definirá la pena de prisión que deberá cumplir la exalcaldesa, así como posibles sanciones adicionales, entre ellas la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El caso ha generado un amplio debate sobre la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales del Estado de México. Amanalco ha sido señalado como un punto crítico en materia de seguridad y gobernabilidad, donde presuntas alianzas entre funcionarios y grupos delictivos han derivado en investigaciones y detenciones de alto impacto.
Las autoridades señalaron que el proceso forma parte de una estrategia más amplia para desarticular redes de corrupción y violencia que operan desde el ámbito gubernamental.
