* Víctimas denuncian red de despojo con apoyo institucional……
Por Mary González
Atizapán de Zaragoza atraviesa una de las crisis más graves de su historia reciente, un entramado de fraude y despojo inmobiliario opera con tal naturalidad, que vecinos y organizaciones lo describen como un cártel inmobiliario plenamente instalado en el municipio, el fenómeno no es nuevo, pero su capacidad de infiltrarse en notarías, dependencias municipales y procesos ministeriales exhibe un nivel de colusión que va más allá del simple engaño patrimonial y que evidencia un deterioro institucional profundo.
La denuncia pública de por lo menos doce casos en zonas residenciales como Condado de Sayavedra volvió a detonar alarmas, se trata de familias que cumplieron con cada trámite requerido por autoridades municipales y notariales, revisaron antecedentes de sus predios, realizaron contratos verificables y aun así, terminaron frente a carpetas de investigación que señalan que los terrenos ya tenían conflictos previos, un modus operandi que se repite en cada caso como si estuviera diseñado para que nadie detecte la estafa hasta que es demasiado tarde.
Red que opera a plena luz
El caso más reciente expone el mismo patrón, un matrimonio de más de cincuenta años compró el Lote 16 de la Manzana 24 del Sector 5 en Sayavedra, después de acudir a la Asociación de Colonos, al área de Desarrollo Urbano del municipio y a la Notaría 167 de la Ciudad de México, todas estas instancias validaron que no existía problema alguno, sin embargo al intentar avanzar con la escrituración definitiva se les notificó que el terreno estaba vinculado a una carpeta de investigación en la Fiscalía del Estado de México por despojo previo.
La figura que aparece con mayor frecuencia en estos casos es un sujeto que utiliza nombres como Carlos Ruy o Carlos Vázquez, un vendedor que ofrece predios con documentación aparentemente legal y que logra avanzar sin obstáculos debido a la complacencia o negligencia de las instituciones que deberían verificar antecedentes, el problema no radica únicamente en el individuo sino en la estructura que le permite operar sin resistencia, porque para que una estafa de este tipo prospere se necesita coordinación entre varios niveles de autoridad y una cadena de revisión deliberadamente deficiente.
La Asociación de Colonos no detecta anomalías, el municipio gobernado por Pedro Rodríguez Villegas tampoco, las notarías involucradas avanzan trámites sin advertir inconsistencias y la Fiscalía mexiquense mantiene información crítica oculta durante meses, la suma de fallas apunta a un sistema que permite la operación de una red más amplia que un simple defraudador aislado.
Irregularidades ministeriales que profundizan la sospecha
El proceso judicial también está rodeado de irregularidades, uno de los afectados denunció que el Ministerio Público responsable del caso lo citó fuera de las instalaciones oficiales de la Fiscalía en una vivienda en la colonia México Nuevo, ahí se le pidió retirar sus objetos de la propiedad antes de un cateo y del sellado de aseguramiento, una actuación que viola el debido proceso y que además favorece la narrativa del presunto defraudador.
Este tipo de prácticas no solo vulneran los derechos de las víctimas, sino que muestran una Fiscalía que no actúa con imparcialidad, la falta de transparencia en la integración de las carpetas, las notificaciones tardías y los encuentros fuera de oficinas oficiales dan forma a un proceso que parece diseñado para beneficiar a los responsables del fraude y no a quienes han sido despojados de su patrimonio.
A esto se suma la aparente inexistencia de mecanismos internos para frenar estos abusos, mientras las familias pierden ahorros de toda una vida, ninguna autoridad municipal o estatal rinde cuentas sobre el origen de estas irregularidades, la pregunta que se repite entre los afectados es la misma, cómo es posible que tantas instancias revisen un predio sin detectar conflictos legales tan graves.
Municipio capturad por intereses privados
La Fundación DELOS solicitó la intervención directa del fiscal estatal José Luis Cervantes Martínez para investigar a fondo la presunta colusión entre notarios, funcionarios y particulares, según sus registros la operación de esta red ha sido posible gracias a la opacidad institucional y a la negativa de las autoridades locales por actuar con firmeza, la situación adquiere un matiz más preocupante con la denuncia de la segunda síndica municipal Leylany Arce Richard quien confirmó que cuarenta y un predios municipales están invadidos y utilizados por particulares sin que el ayuntamiento haya impulsado acciones legales para recuperarlos.
Este escenario coloca a Atizapán como un municipio vulnerable, no solo por la operación de un cártel inmobiliario sino por la permisividad oficial que lo alimenta, cada caso documentado muestra un patrón de abandono institucional que facilita que las redes delictivas avancen sin consecuencias.
Las familias afectadas aseguran que continuarán su batalla legal hasta que se reconozca la magnitud del problema y se sancione a los responsables, sin embargo advierten que si no se desmantela la estructura que protege a estos grupos, Atizapán seguirá siendo un territorio donde el patrimonio puede ser arrebatado aun cuando todo se haya hecho en regla, un municipio donde la legalidad se ha vuelto un mecanismo al servicio del despojo y no de la ciudadanía.
