* Congreso Mexiquense no tiene facultades directas para detener estas actividades, pero sí tiene la responsabilidad de crear y reforzar marcos jurídicos que permitan combatirlas……
Por Martha Romero
Ante la falta de vigilancia y control de las autoridades en la sobreexplotación y posible desvío ilegal del agua en el Estado de México, la diputada Miriam Silva Mata, integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) llamo a las instancias competentes a asumir su responsabilidad al supervisar, verificar y sancionar los actos relacionados con el robo o uso indebido del recurso hídrico.
Subrayó que aunque el Congreso Mexiquense no tiene facultades directas para detener estas actividades, sí tiene la responsabilidad de crear y reforzar marcos jurídicos que permitan combatirlas.
Indicó que organismos como la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales son las instancias que deben actuar cuando se trata de verificar si hay sobreexplotación o desvío de pozos, instancias que deben hacer las denuncias correspondientes.
Refirió que un caso detectado es en Valle de Bravo donde funcionarios del sistema de agua del municipio le confirmaron la existencia de desviaciones hacia presas y otras zonas, situación que ha provocado una baja preocupante en los niveles de agua y una creciente tensión entre las comunidades afectadas.
“Desafortunadamente no hay una sola persona detenida o sentenciada por el delito de robo de agua, lo que no significa que no exista porque todos pueden ver pipas circulando sin placas, con logotipos de sindicatos y en completa impunidad”, señaló.
Silva Mata señaló posibles casos de colusión entre autoridades municipales y actores privados, quienes se benefician del recurso sin costo, generando una cadena de corrupción porque es fácil robar el agua cuando no hay vigilancia y nadie sanciona, pero es un delito ambiental grave que se está normalizando y que afecta directamente a los ciudadanos, quienes reciben menos agua en sus hogares.
Mencionó que el agua ya no se puede gestionar como hace décadas, pues hoy se debe tener claridad técnica, transparencia legal y, sobre todo, una participación ciudadana real, ya que cualquier obra mal planeada o autorizada sin estudios puede ser detenida por la vía legal, incluso mediante amparos interpuestos por ciudadanos.
Finalmente, reiteró que como legisladora su función no es operar como vigilante de campo, sino generar herramientas jurídicas que permitan actuar a quienes sí tienen las facultades operativas, por lo que es hora de que las autoridades municipales y estatales cumplan su deber, ya que la corrupción hídrica no solo afecta al medio ambiente, sino a millones de familias.
