Como un “catálogo de falsedades”, calificó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, las acusaciones hechas, a fines de 2020, por autoridades de Estados Unidos contra el exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, quien recuperó su libertad al no acreditarse ningún delito en su contra.
Las autoridades estadounidenses no tenían elementos para procesarlo, por lo que fue entregado a las mexicanas, asentó el funcionario. A decir del titular de la dependencia en comento, los informes obtenidos y presentados por las autoridades estadounidenses ni siquiera coincidían con el físico del exfuncionario, lo que acredita que los mismos no coindicen con la realidad. La acusación, que mantuvo en prisión del vecino país del norte al militar, carece de sustento y fundamento. Es un catálogo de falsedades, reiteró.
La polémica en torno al exfuncionario volvió a “revivirse” luego de que el General reapareció el pasado fin de semana en la Marcha de la Lealtad, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su momento expuso que el asunto estaba totalmente resuelto, pero solicitó a Gertz Manero asistiera a la Conferencia del Pueblo para que detallara las acciones que la Fiscalía General de la República realizó.
“Esto se inició a fines del año 2020, cuando el gobierno de Estados Unidos detuvo al general Cienfuegos en Los Ángeles, California, y durante varios meses estuvo en esa situación, hasta que el gobierno de Estados Unidos se desistió de la acción.
El juez federal aceptó ese desistimiento, y eso permitió que el general Cienfuegos regresara a México”, asentó el fiscal general.
Subrayó que el juez federal aceptó ese desistimiento, lo que permitió que el general Cienfuegos regresara a México.
Gertz Manero calificó como histórico el hecho de que el en esos momentos presidente Andrés Manuel López Obrador haya hecho público el expediente del caso para aclarar cualquier duda en torno a la inocencia del General.
“Era todo un catálogo de falsedades en su contra, hicimos toda una investigación que estuvo sujeta a una gran presión pública y finalmente, el 15 de enero de 2021, en dos comunicados de la Fiscalía, hicimos una explicación muy clara de por qué se había determinado el no ejercicio de la acción penal: por ser las acusaciones tan falsas y no contar con prueba alguna”.
Agregó que, por escrito, se hizo del conocimiento de las autoridades estadounidenses la decisión del no ejercicio de la acción penal contra el exfuncionario.
“Es una obligación procesal, para que las personas que se sientan de alguna manera ofendidas, o crean que se ha generado algún tipo de actos que sean ilegales, tengan el derecho a poder recurrir a eso, ir ante los jueces y demostrar que lo que estaba determinando la Fiscalía no era lo correcto”, finalizó.