Por Karina Rocha
El brutal asesinato de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en Álamo Temapache, Veracruz, no solo exhibe la ferocidad con la que opera el crimen organizado, sino también la complicidad y omisión del Estado mexicano frente al cobro de piso, que hoy cobra vidas a plena luz del día.
Irma fue secuestrada un viernes, en pleno centro del municipio, frente al sitio donde trabajaba. Días después apareció en un video arrodillada, esposada y rodeada por encapuchados armados: “Paguen su cuota o van a terminar como yo”, decía con firmeza, obligada a leer el guion de sus verdugos. El jueves, fue hallada muerta en un rancho, a más de 40 kilómetros de donde fue levantada.
Su muerte no es un caso aislado: es el rostro visible del terror cotidiano que viven miles de trabajadores humildes -taxistas, comerciantes, repartidores- en un país donde el crimen cobra por permitirte vivir. La extorsión dejó de ser amenaza: hoy es sentencia de muerte.
Peor aún, la reacción institucional fue una bofetada. La gobernadora Rocío Nahle se dijo “extrañada” porque no hubo solicitud de rescate, como si la brutal ejecución de una mujer arrodillada frente a una cámara no bastara para encender todas las alarmas. La Fiscalía de Veracruz se limitó a publicar un comunicado donde promete que “no habrá impunidad”. Palabras vacías, como siempre.
Irma ya había sufrido amenazas. Su compañero Jorge Néstor fue también secuestrado una semana antes. Nadie lo ha buscado. Nadie ha hecho nada. Y no lo harán.
Mientras tanto, la Mafia Veracruzana -una escisión del Cártel del Golfo- se mueve libremente por Tuxpan, Poza Rica y el norte de Veracruz. Opera como autoridad paralela, cobrando cuotas, imponiendo reglas, ejecutando a quien se niega. Su guerra contra el CJNG convierte a esta franja en una zona de fuego cruzado. ¿Dónde está el gobierno?
¿Dónde están los operativos, la inteligencia, la voluntad?.
Este 6 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una estrategia nacional contra la extorsión. Pero sin cuerpos especializados, sin resultados inmediatos, y sin limpiar de corrupción a las policías locales, esa estrategia será otro anuncio más: un plan sin tierra, sin dientes, sin esperanza.
Irma fue una víctima más, pero su caso debería encender la alarma definitiva: en México, hoy, decir “no” a la extorsión es firmar tu sentencia de muerte.
