* Evidencia limitaciones del Estado para ejercer control efectivo sobre su propio territorio……
Por Karina Libien
La llamada Operación Bastión, ejecutada en seis municipios del sur del Estado de México, ha sido presentada por las autoridades como un golpe estratégico a la estructura financiera de la organización criminal conocida como La Familia Michoacana. Sin embargo, a pesar del aparente éxito en el aseguramiento de 21 inmuebles relacionados con dicha agrupación, el operativo también deja abiertas serias preguntas sobre su efectividad real, la ausencia de detenciones, y el enfoque meramente simbólico que parece prevalecer en la lucha contra el crimen organizado en la región.
En declaraciones oficiales, Cris tóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, justificó la falta de detenciones durante el operativo alegando el “alto riesgo” que implica la presencia predominante del grupo criminal en la zona. Este argumento, si bien comprensible desde un punto de vista táctico, también pone en evidencia las limitaciones del Estado para ejercer control efectivo sobre su propio territorio. Si el gobierno admite no poder detener a delincuentes por miedo o dificultades logísticas, se plantea la preocupante conclusión de que ciertos territorios siguen estando bajo la tutela de facto de grupos delictivos.
La decisión de priorizar el aseguramiento de inmuebles sobre la captura de líderes criminales responde, según las autoridades, a una estrategia de debilitamiento económico del grupo delincuencial. No obstante, si los inmuebles estaban vacíos y no hubo detenciones, ¿realmente se golpeó el núcleo operativo de la organización o simplemente se atacó una de sus múltiples fachadas? La presencia de propiedades ostentosas, con animales exóticos, candelabros y lagunas artificiales, sin duda refleja el nivel de impunidad y poder económico con el que se manejan estos grupos. Pero transformar esta operación en un espectáculo mediático alrededor de su “opulencia” corre el riesgo de desviar la atención de los objetivos realmente estructurales: desarticulación, detención de cabecillas y erradicación de redes de complicidad.
El uso de estos predios para fines sociales, como propone el secretario Castañeda -ya sea establecer bases de la Guardia Nacional o centros de operación policial-, es una medida interesante y potencialmente útil, pero aún incipiente. La extinción de dominio, si bien legalmente válida, debe venir acompañada de procesos judiciales impecables, sin errores de procedimiento que puedan después ser usados por los implicados para recuperar sus bienes. Además, el impacto real de esta “reutilización” de los predios dependerá de que se mantenga una presencia permanente del Estado en la región, algo que históricamente ha sido fallido en muchas zonas controladas por el crimen organizado.
Otro punto preocupante es el contexto social en el que se ejecutó la operación. Las protestas de presuntos propietarios, aunque puedan estar relacionadas con complicidades o simulaciones, también abren la posibilidad de que se afecte a terceros ajenos a las estructuras criminales. La delgada línea entre justicia y violación de derechos debe vigilarse con especial cuidado, sobre todo en zonas donde la desconfianza hacia las autoridades es alta y la presencia del Estado ha sido intermitente o ineficaz.
En suma, aunque la Operación Bastión representa un movimiento visible y mediático por parte de las autoridades estatales, su impacto real en la desarticulación de La Familia Michoacana es aún discutible. Sin detenciones, sin intervención directa sobre líderes y sin garantías de continuidad en la presencia institucional, la acción corre el riesgo de ser percibida como un intento por “recuperar terreno” ante la opinión pública más que una estrategia sostenida de seguridad. La lucha contra el crimen organizado no puede descansar en operativos aislados ni en discursos sobre opulencia incautada; necesita inteligencia, coordinación interinstitucional, voluntad política y sobre todo una presencia permanente del Estado que devuelva la confianza a los ciudadanos.
Lo que está en juego no es solo el control de predios lujosos, sino la capacidad del Estado mexicano para ejercer soberanía plena en cada rincón del territorio nacional.
