* Al norte del Valle de México……
* Brigadas de familiares y colectivos recorren Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán y Zumpango, supliendo con presión social y trabajo en campo, la falta de una estrategia pública eficaz para la localización de personas desaparecidas……
Por Mary González
Las jornadas de búsqueda de personas desaparecidas en municipios del norte del Valle de México continúan, no como resultado de una política pública sólida, sino como consecuencia directa de la presión y persistencia de las familias que se niegan a aceptar el silencio institucional.
En Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán y Zumpango, brigadas integradas por familiares, colectivos y algunos acompañamientos oficiales recorrieron calles, caminos secundarios, zonas urbanas y puntos de interés, difundieron fichas de búsqueda y sostuvieron contacto directo con vecinos, comerciantes y transeúntes, una labor que en los hechos sustituye las deficiencias del aparato estatal encargado de localizar a las personas ausentes.
La escena se repite desde hace años, madres, padres, hermanas y tías caminando bajo el sol, cargando fotografías plastificadas, preguntando a desconocidos, tocando puertas y enfrentando miradas de indiferencia o miedo, mientras las autoridades participan de manera intermitente y reactiva, sin una estrategia clara, sin resultados visibles y con una narrativa que insiste en reducir la desaparición a conflictos personales o familiares, deslindándose de responsabilidades más profundas.
En Cuautitlán Izcalli las brigadas realizaron recorridos terrestres y labores de prospección en zonas previamente señaladas por los propios familiares, el contacto con la comunidad se convirtió nuevamente en la principal herramienta para obtener información, no por diseño institucional sino porque el tejido social sigue siendo más eficaz que los sistemas formales de búsqueda, las familias reiteraron que el desgaste emocional es permanente, pero abandonar las calles significaría aceptar el olvido como política de Estado.
En Tepotzotlán las acciones no fueron distintas, con apoyo de colectivos especializados y la presencia de autoridades de distintos niveles, se realizaron recorridos estratégicos en áreas identificadas como relevantes, sin embargo, los avances continúan siendo mínimos, cada jornada se vive como una posibilidad real, pero también como un recordatorio de la lentitud oficial, de expedientes que se empolvan y de investigaciones que avanzan solo cuando la presión pública resulta incómoda.
Zumpango fue escenario de otro despliegue de familiares apoyados por cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad, la búsqueda individualizada se concentró en espacios abiertos y zonas de tránsito frecuente, la lógica es simple, si las instituciones no llegan, las familias ocuparán el espacio público, una y otra vez, hasta que alguien responda
La coordinación interinstitucional es mencionada de forma recurrente por las autoridades como un logro, pero para las familias sigue siendo insuficiente, los colectivos continúan siendo el verdadero motor de estas jornadas, organizan, planean, capacitan y acompañan, mientras el Estado observa, administra cifras y emite comunicados, la búsqueda se sostiene más por la convicción de quienes buscan que por la eficacia de quienes deberían garantizarla.
Las cifras oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México exhiben la magnitud del problema, al 6 de enero se han registrado 69 mil 3 reportes de personas desaparecidas en la entidad, de ese total 53 mil 130 han sido localizadas, mientras que 15 mil 769 continúan pendientes, detrás de cada número hay una historia interrumpida, una familia rota y una cadena de omisiones acumuladas, la estadística no consuela ni explica, solo confirma que la crisis no es excepcional sino estructural.
El discurso oficial insiste en que más del 54 por ciento de las ausencias pendientes están relacionadas con conflictos familiares y relaciones personales, seguido de condiciones de vulnerabilidad, problemas de salud, adicciones y posibles hechos delictivos, esta clasificación, además de simplista, resulta peligrosa, porque desplaza la responsabilidad del Estado hacia el ámbito privado, normaliza la desaparición y diluye la obligación de investigar con profundidad y perspectiva de derechos humanos.
Casos concretos ilustran esta realidad, en Cuautitlán Izcalli, la búsqueda de Jeshua Cisneros, desaparecido el 12 de noviembre, permitió recientemente descartar uno de los sitios prospectados, un avance mínimo que fue logrado gracias a la insistencia familiar más que a una acción proactiva de la autoridad, delimitar líneas de investigación se convierte en un triunfo cuando el sistema está diseñado para avanzar a paso lento.
Otras historias se acumulan sin respuestas, como la de Juan José Velázquez Ríos, desaparecido en septiembre de 2025 tras salir de la zona conocida como La Quebrada, o la de Yesenia, mujer desaparecida el 15 de noviembre de 2025 en Tepotzotlán, madre de tres menores que salió de su domicilio para concretar una venta y no regresó, relatos distintos que comparten un mismo patrón, la ausencia, la espera y la carga de una búsqueda que no debería recaer en las familias.
Cada jornada de búsqueda es un acto de resistencia frente al paso del tiempo y la burocracia, las familias se niegan a que sus seres queridos sean reducidos a expedientes archivados o a porcentajes en un informe, salir a las calles es una forma de exigir memoria, verdad y acción, también es una denuncia silenciosa de un Estado que llega tarde, cuando llega.
La continuidad de estas jornadas en el norte del Valle de México no es una señal de fortaleza institucional sino de su fracaso, mientras no existan políticas integrales, recursos suficientes, investigaciones serias y un acompañamiento constante, la búsqueda seguirá dependiendo del dolor convertido en motor, la esperanza no debería ser la última defensa frente a la desaparición, pero hoy, para miles de familias mexiquenses, es lo único que les queda.
