* Fabrican denuncias contra mujeres Ministerios Públicos y las encarcelan por “alzar la voz”……
* Familiares, exigen su libertad in-mediata, e investigación de la Contraloría estatal sobre el Fiscal General, José Luis Cervantes Martínez……
Por Karina Rocha
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, bajo el mando de José Luis Cervantes Martínez, ha dejado de ser una institución que garantice el acceso a la justicia y se ha transformado en una maquinaria de persecución contra mujeres que se atreven a alzar la voz, los casos de Mirna Yaneli Cuero Cuate, Heidi Peña Dimas y Jennifer Ponciano Chiquillo lo demuestran con crudeza, ellas fueron detenidas arbitrariamente desde marzo acusadas de delitos inexistentes fabricados por la propia Fiscalía y en complicidad con un tribunal local. El mensaje es claro, quien se atreva a desafiar la jerarquía del fiscal general, será castigada con cárcel y con un proceso viciado que busca destruir, no sólo su libertad, sino también su reputación.
Las imputaciones de extorsión y portación de armas en instalaciones de la Fiscalía en contra de las tres mujeres afectadas, carecen de todo sustento probatorio, existen registros de acceso, videograbaciones y controles internos que evidencian que tales hechos nunca ocurrieron, sin embargo, la Fiscalía decidió ocultar esas pruebas y manipular los expedientes, con el único objetivo de sostener una narrativa de culpabilidad
El patrón es evidente: se fabrican delitos, se manipulan los procedimientos y se busca imponer castigos ejemplares contra mujeres que incomodan al poder, lo que debería ser un sistema de justicia se ha convertido en un aparato de represión y silenciamiento.
Complicidad del Tribunal y colusión del sistema
Lo más alarmante es que esta persecución no ocurre de manera aislada, autoridades del Poder Judicial del Estado de México como el Juez de Control y el Magistrado del Tercer Tribunal de Alzada en Materia Penal, han avalado la detención y el proceso, pese a que la inexistencia de los hechos imputados está acreditada.
Lejos de cumplir con su deber de garantizar imparcialidad y respeto al debido proceso, estas figuras judiciales se han sumado a la farsa, convirtiéndose en cómplices de la Fiscalía y dejando claro que en el Estado de México, existe un pacto perverso entre quienes deberían representar la justicia y quienes hoy la pisotean.
Esta colusión pone en evidencia un problema estructural. El sistema de justicia en el Extado de México, está profundamente masculinizado y permeado por redes de poder que castigan, con mayor dureza, a las mujeres que se atreven a desafiarlo, el caso de Mirna, Heidi y Jennifer, no sólo es la historia de tres ex agentes del Ministerio Público privadas de su libertad, es el reflejo de un sistema que utiliza la cárcel como herramienta de control y la fabricación de delitos como arma política, el silencio cómplice de los tribunales demuestra que la podredumbre no se limita a una oficina de la Fiscalía sino que se extiende a todo el entramado judicial.
Violencia institucional como mecanismo de castigo
La violencia institucional que enfrentan estas mujeres, es doblemente grave, primero porque las priva de libertad sin pruebas y, segundo, porque las convierte en símbolos de advertencia para todas las demás servidoras públicas, se manda un mensaje contundente: cualquier mujer que se atreva a cuestionar a la cúpula del poder será perseguida, encarcelada y expuesta como delincuente aunque no existan pruebas en su contra, esta práctica perpetúa un patrón de violencia de género que erosiona la confianza ciudadana en la justicia y alimenta la idea de que la Fiscalía es un brazo represor y no una institución garante de derechos.
La Fiscalía del Estado de México ha normalizado el uso del miedo como estrategia de control, al actuar con arbitrariedad no sólo vulnera los derechos de Mirna, Heidi y Jennifer sino que, además, socava los cimientos de la legalidad, lo que ocurre con ellas puede ocurrir con cualquier mujer que incomode al sistema, el caso es un recordatorio doloroso de cómo la justicia se convierte en un arma para castigar y disciplinar, no en una herramienta para proteger.
Llamado urgente a frenar los abusos
La denuncia de los familiares, no sólo visibiliza un abuso de autoridad, también representa un llamado urgente a romper con la violencia estructural ejercida desde las instituciones judiciales, es necesario reforzar los contrapesos institucionales, exigir rendición de cuentas y garantizar que ninguna mujer vuelva a ser encarcelada o difamada por ejercer, con autonomía, su labor profesional, el fiscal José Luis Cervantes Martínez debe ser señalado con toda claridad, como responsable de una política de persecución que destruye vidas y corroe la legitimidad del sistema.
Lo ocurrido en el Estado de México es un síntoma de la degradación más profunda de la justicia, cuando la Fiscalía fabrica culpables y el Tribunal avala mentiras el Estado se convierte en verdugo, la sociedad no puede permanecer indiferente frente a un atropello tan grave, es momento de exigir que se ponga fin a los abusos, que se libere a las mujeres encarceladas injustamente y que se revoquen los pactos de impunidad que permiten, a personajes como José Luis Cervantes Martínez, actuar con total libertad en la violación de derechos fundamentales, mientras ello no ocurra, la Fiscalía seguirá siendo un aparato de represión y no un garante de justicia.
