La Fiscalía General de la República (FGR) señala a María Amparo Casar por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por la pensión vitalicia que recibe de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde que su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla murió en octubre de 2004, luego de que, tras la muerte de su esposo, que se llegó a plantear como suicidio, recibe una pensión de 125 mil pesos mensuales.
Vale recordar que, un día después del deceso de Márquez Padilla en 2004 y hasta 2024 el Gobierno Federal comenzó las diligencias del caso y se le acusó de fraude por 31 millones de pesos.
El delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por el que es acusada María Amparo le llevaría de seis meses a 12 años de prisión y de 30 a 150 días multa.
Lo anterior, según lo estipulado por el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal.
Este delito de uso ilícito de atribuciones y facultades puede ser imputado a servidores públicos y ciudadanos, por lo que María Amparo Casar podría ser sancionada.
También en este delito se sanciona a los servidores públicos que otorguen permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico de manera ilícita.
Además de los ciudadanos que soliciten o promuevan la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones.
Por esta nueva carpeta de investigación de la FGR a María Amparo Casar se realizará una audiencia el martes 16 de diciembre de 2025, y aunque no se trata de un delito considerado como “grave”, la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción podría seguir su juicio bajo libertad condicional si es que se le vincula a proceso.
En ese entonces, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que Márquez Padilla ingresó a la empresa el 1 de junio de 2004 como coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración, durante el sexenio del expresidente Vicente Fox Quesada, y falleció apenas 129 días después.
Vale recordar que, en su oportunidad, se dio a conocer que Márquez Padilla murió tras caer de una ventana del piso 12 del edificio A de la sede central de Pemex, aunque los peritajes señalaron que se trató de un suicidio, ninguno de los documentos difundidos asentó formalmente esa conclusión.
En mayo de 2024, después de la suspensión de los pagos por parte de Pemex, un juez de lo laboral pidió que se restableciera la pensión a Casar, en ese mismo año la FGR empezó a investigar a la analista e inició un proceso penal contra ella, sin avances, el juez sexto de Distrito en materia de Trabajo de Ciudad de México determinó en junio que la pensión era un derecho adquirido, por lo que debía continuar el pago.
Sólo unos días antes de que se presentara en la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el caso de María Amparo Casar, Mexicanos Contra la Corrupción publicó un reportaje en el que afirmaba que antes de que Claudia Sheinbaum fuera jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las cuatro propiedades que se encontraban a su nombre, dos casas y dos departamentos, cambiaron de propietario.
Por lo que concierne al caso, se informó que el 19 de octubre de 2004 se solicitó el pago de la pensión posmortem a favor de los beneficiarios, con efectos retroactivos al 8 de octubre, un día después del fallecimiento.
Documentos del Poder Judicial de la Federación (PJF) confirman que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó audiencia inicial contra María Amparo Casar Pérez y dos personas más, para imputarles el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal, vigente al momento de los hechos.
