Por Mary González
Una fosa que nadie quiere reconocer
El hallazgo de una fosa clandestina con al menos tres cuerpos en el paraje conocido como Los Gallos debería haber encendido todas las alarmas institucionales, sin embargo lo único que detonó fue una vergonzosa disputa administrativa entre los gobiernos municipales de Isidro Fabela, Jilotzingo y Atizapán de Zaragoza, lejos de coordinarse para esclarecer los asesinatos y brindar justicia a las víctimas, las autoridades locales se concentraron en deslindarse del territorio como si la prioridad fuera evitar responsabilidad política y no garantizar la legalidad, una actitud que desnuda el profundo deterioro institucional que padece el Estado de México.
Eludir la responsabilidad parece prioridad de gobierno
En lugar de asumir con seriedad el hallazgo, los municipios involucrados iniciaron una guerra de declaraciones para intentar demostrar que la fosa no está dentro de su demarcación, Isidro Fabela afirmó que parte del paraje pertenece a su territorio, pero que el punto exacto del hallazgo corresponde a Jilotzingo, Jilotzingo respondió que no, que el terreno es de Atizapán de Zaragoza, mientras que Atizapán aseguró que el lugar se encuentra 700 metros fuera de sus límites, esta grotesca danza de acusaciones revela que ninguno de los gobiernos municipales quiere cargar con el costo político de un hallazgo tan delicado, prefieren evadir antes que investigar, deslindarse antes que enfrentar, callar antes que actuar.
Lo verdaderamente indignante es que este espectáculo de irresponsabilidad ocurre frente a la presencia de tres cuerpos que fueron enterrados de manera clandestina, tres personas que muy probablemente fueron víctimas de violencia extrema y que merecen justicia, tres seres humanos que hoy están siendo tratados como si fueran un problema de coordenadas y no de humanidad, los gobiernos locales discuten perímetros pero no discuten cómo garantizar justicia, miden distancias pero no miden dignidad, calculan metros pero no calculan vergüenza.
Más interés en proteger imagen que en proteger vidas
El colmo del cinismo institucional llegó cuando Atizapán de Zaragoza, en lugar de centrar su discurso en la investigación de los homicidios, decidió anunciar la instalación de arcos de alta seguridad y operativos con la Guardia Nacional para proteger su frontera municipal, como si el problema fuera que la violencia se les “contamine” desde afuera y no que ya está enraizada en toda la región, esta narrativa revela que lo que preocupa no es la vida de las personas sino el costo político de admitir que la criminalidad ha superado las capacidades de los gobiernos locales.
Jilotzingo, por su parte, se lavó las manos con total frialdad, aseguró que el terreno no le pertenece y con eso dio por cerrado su deber, como si la seguridad pública fuese un asunto condicionado por escrituras y poligonales, como si los homicidios dejaran de existir mágicamente al cruzar un límite territorial imaginario, Isidro Fabela también se deslindó con elegancia burocrática, repitió que una parte del paraje sí es suyo pero que justo la zona exacta del entierro clandestino no lo es, todos se preocupan por no cargar con la culpa, nadie se preocupa por encontrar a los culpables reales.
Cuando la justicia depende del GPS, la impunidad triunfa
Este episodio expone una falla estructural del sistema de seguridad en el Estado de México, si los gobiernos municipales no son capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo en los límites de su propio territorio, cómo se espera que enfrenten al crimen organizado, cómo pueden combatir fosa tras fosa si no pueden siquiera reconocer una, cómo puede haber coordinación si la prioridad es evadir la fotografía del escándalo, la impunidad crece precisamente en estos vacíos donde la autoridad no se pone de acuerdo, donde la legalidad queda atrapada en una disputa de deslindes, donde la vida humana queda subordinada a intereses políticos.
Al final, la única institución que parece mostrar una mínima intención de avanzar es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encargada de continuar las investigaciones, sin embargo su esfuerzo se ve empañado por la mezquindad de los gobiernos locales que deberían estar colaborando y no compitiendo por desentenderse, cuando la justicia depende de un GPS y no de la voluntad política, el crimen gana, las víctimas pierden y la sociedad queda indefensa.
El hallazgo de la fosa clandestina en Los Gallos no debería ser recordado por el lugar exacto donde ocurrió, sino por la forma vergonzosa en que fue atendido, demuestra que en el Estado de México los municipios pueden pelearse por carreteras, por límites fiscales, por presupuesto, pero no se pelean por brindar justicia, demuestra que los muertos importan menos que los mapas, que los cuerpos enterrados pesan menos que la imagen pública, demuestra que vivimos en una realidad donde nadie quiere hacerse cargo de los muertos porque nadie quiere aceptar que los responsables también gobernaron mirando hacia otro lado.
Hasta que las autoridades entiendan que la verdadera frontera no se mide en metros sino en dignidad, seguiremos viendo fosas sin dueño, cuerpos sin justicia y gobiernos sin vergüenza.
