* Omisión, simulación y negligencia de los tres niveles de gobierno en Edomex……
Por Martha Romero
Han pasado diez años desde que el Estado de México fue obligado a activar la primera Alerta de Violencia de Género por feminicidio.
En 2019 llegó una segunda, ahora por desaparición, sin embargo, el resultado no solo es el mismo: es peor.
Entre 2015 y 2025, la entidad encabeza la cifra nacional de feminicidios de niñas y adolescentes con 833 casos, lo que destaca que ni los programas federales, ni las estrategias estatales, ni la supuesta coordinación municipal han logrado contener el horror. Peor aún: lo han normalizado.
Lo dice con claridad María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF): las políticas públicas contra la violencia feminicida son un fracaso.
El Edomex es el caso más alarmante. No hay coordinación real entre autoridades, no hay enfoque territorial ni visión preventiva, no hay sanciones a funcionarios omisos. Pero sí hay discursos, mesas de trabajo que no se concretan y una epidemia de impunidad sostenida por los tres niveles de gobierno.
Mientras el gobierno federal se envuelve en la bandera de la “transformación” y repite eslóganes sobre el “humanismo mexicano”, las niñas siguen siendo asesinadas en calles, escuelas, transportes y casas que deberían protegerlas.
A nivel estatal, la administración de Delfina Gómez Álvarez heredó una crisis que ya conocía, pero desde que asumió el cargo ha demostrado la misma parsimonia y falta de estrategia que sus antecesores: promesas vacías, mesas de diálogo que no se sostienen, y ninguna respuesta clara frente a las sentencias de la Suprema Corte.
Estrada Mendoza lo deja en evidencia: en enero hubo una primera reunión con la gobernadora, para marzo se pactó una segunda cita que simplemente no se cumplió; el 25 de abril se mandó un nuevo oficio exigiendo la reactivación de la mesa técnica y, ¿la respuesta?, ninguna.
Lo que hay es silencio institucional, ese que revictimiza, que tolera la impunidad y que perpetúa el ciclo de violencia.
En el ámbito municipal la situación es aún más preocupante, ya que muchos alcaldes ni siquiera saben cómo operan las alertas de género, o simplemente no les importa.
Se aplican manuales, protocolos y campañas homogéneas que no tienen en cuenta la diversidad territorial, cultural y delictiva de los municipios mexiquenses. ¿Cómo es posible que se pretenda combatir el feminicidio con recetas generales cuando lo que se necesita es un diagnóstico profundo, local y enfocado en las causas específicas de cada región.
Casos como el de Fátima Quintana, asesinada brutalmente por tres hombres en el municipio de Lerma, demuestran que la falta de seguridad en escuelas y espacios públicos sigue siendo una constante.
No hay cámaras que sirvan, no hay vigilancia con enfoque de género, no hay personal capacitado, y cuando las madres denuncian violencia, abuso o acoso, lo único que reciben es desdén o burocracia insensible.
Pero el problema va mucho más allá de las omisiones, hay una crisis institucional de negligencia activa, donde la inacción se convierte en complicidad; no hay sanciones para los ministerios públicos que archivan denuncias o que revictimizan a las madres.
No hay castigo para policías que ignoran órdenes de protección; no hay consecuencias para jueces que dejan libres a agresores y, mientras tanto, las niñas siguen desapareciendo, siendo torturadas, violadas y asesinadas.
El Fondo de Reparación tampoco escapa al diagnóstico del desastre; pese a ser un instrumento clave para garantizar el apoyo a las familias de las víctimas, su ejecución está plagada de falta de transparencia, inaccesibilidad y trámites laberínticos.
¿Cuántas madres han tenido que peregrinar durante años para recibir atención psicológica, jurídica o simplemente una disculpa institucional? ¿Cuántas más seguirán esperando sin respuesta?.
Y no es por falta de dinero, es por falta de voluntad; los gobiernos invierten millones en espectaculares, foros, simulacros de participación, pero no destinan recursos reales a refugios, a transporte seguro, a campañas educativas integrales o a la formación de servidores públicos en perspectiva de género. Se prefiere tapar el pozo cuando la niña ya está muerta.
El discurso gubernamental ha quedado reducido a una retórica vacía. “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo” se repite como mantra, mientras se traiciona diariamente a miles de niñas y adolescentes que viven con miedo de salir de casa.
La Cuarta Transformación, como las administraciones anteriores, ha fallado rotundamente en su deber más básico: proteger la vida.
En lugar de escuchar a las familias y organizaciones que han exigido acciones concretas, los gobiernos se escudan en el desgaste político, en la sobrecarga administrativa o en la “falta de competencia” según el nivel de gobierno. Pero aquí no hay excusa válida.
Cada nivel tiene responsabilidades que no está cumpliendo y cada uno es cómplice de una cadena de impunidad que ya le ha costado la vida a más de 800 niñas y adolescentes en esta década solo en el Estado de México.
La exigencia no puede ser más clara: ya no basta con escuchar, hay que actuar. El llamado urgente del OCNF es un grito que debería cimbrar todos los despachos gubernamentales: ¿cuál es el plan de acción? ¿Qué se va a hacer con las sentencias de la Corte? ¿Dónde están los resultados de las alertas? ¿Cuántas muertas más necesitan para entender que el sistema está podrido?
Si el Estado no puede proteger a sus niñas, si no puede garantizarles la vida ni la justicia, entonces estamos frente a un Estado fallido, no uno simbólico, sino real. Uno que se niega a aceptar su colapso institucional y moral. Y eso, en una democracia que se presume de avanzada, debería escandalizarnos a todos.
