De manera sorpresiva, cuando parecía que se consumaba el inicio de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el pasado martes 11 de marzo, los cuatro comisionados del instituto, con los elementos que les fueron entregados por la Dirección de Administración y la Dirección Jurídica, acordaron aprobar en el Pleno del pasado miércoles 12, las disposiciones administrativas para llevar a cabo el pago de una gratificación económica a las personas servidoras públicas, con la intención de brindar una estabilidad económica que, con motivo de la extinción, pudiera impactar en sus familias y vidas.
En ese sentido, la comisionada Julieta del Río Venegas aseguró:
“Todo estaba listo para la sesión pública, cuidando a los trabajadores y cuidando la ley para no infringirla; sin embargo, de último momento, el comisionado presidente y el director jurídico nos pidieron a las comisionadas bajar el punto para ‘robustecer’ el acuerdo. El jueves nos envían otro proyecto y se pretende sesionar de manera extraordinaria y con rapidez para el día viernes”, recordó la comisionada Del Río Venegas.
En ese sentido, provoca extrañeza el contenido esencial del nuevo proyecto, por lo que Del Río Venegas lo explica de manera detallada.
“Los términos del documento son ambiguos y podría perjudicar a las y los trabajadores. Además, no se ha socializado ni consultado con el personal, por lo que no toma en cuenta sus dudas y preocupaciones, lo que les impide tener información suficiente para decidir. Esa ‘nueva’ propuesta exprés no da claridad sobre las implicaciones que tiene la referencia a la conclusión de la relación laboral, ya que el pago de la compensación está condicionado a la renuncia, algo que contraviene el Transitorio Quinto de la iniciativa de Ley que se aprobará en el Congreso. De aceptarlo, esa persona ya no podría ser considerada en la transferencia de recursos humanos que pasarían a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por lo que se le coartaría su oportunidad de continuar con empleo”, explicó.
La comisionada denunció que hasta en tres ocasiones ha solicitado el listado de cómo quedaría la distribución y no se les ha entregado por parte de la Presidencia del Inai, aclarando que no hay transparencia en ello.
“El pago de la compensación económica utiliza conceptos que hacen sospechar sobre los montos que serán considerados para hacer el cálculo de lo que corresponde a cada trabajador. Al referirse al sueldo tabular bruto, no se aclara a qué se refiere, es decir, no se dice si solo se pagará el sueldo base, o bien, el salario integrado (sueldo base + compensación garantizada). Si sólo se considera el sueldo base, los trabajadores recibirán montos muy inferiores a lo que reciben cada quincena”, advierte de manera tajante e incómoda.
“La decisión de pagar la compensación puede provocar discrecionalidad al momento de decidir a qué trabajadores se les beneficiará, pues no se menciona, por ejemplo, si la antigüedad será un criterio para decidir entre una persona u otra. En mi opinión y experiencia, no se debe condicionar el pago a una terminación de la relación laboral con el Inai, pues dicha circunstancia acontecerá de manera automática con la publicación de las leyes secundarias en el Diario Oficial de la Federación, además no debe ni se puede tener una figura de inscripción a programa voluntario”, explicó.
La negativa a firmar el citado documento se da por las condiciones y la premura con la que se pretendía finiquitar el tema.
“Hay dudas y sospechas por haber cambiado un acuerdo ya consensuado por los cuatro, hay gente amparada contra la Ley de Austeridad en el Inai que se llevaría millones con este nuevo acuerdo y existe gente aún de los tres ex-Comisionados que ganan más que el personal que sí está de lleno en el Inai, entonces: ¿cómo confiar en esto? Esta semana será vital en la luz y sombra que se vive”, finalizó la comisionada Julieta del Río Venegas.
