La inminente aprobación de una mayoría legislativa de 73 por ciento de Morena y aliados que abriría la puerta para aprobar, entre otras temas, la reforma judicial, ha provocado que firmas empresariales extranjeras detengan o cancelen sus inversiones en Nuevo León y Jalisco.
El tema enciende las alarmas entre los inversionistas que no encuentran certeza y seguridad para iniciar proyectos importantes.
Consultores y especialistas en inversiones señalaron que por lo menos cuatro proyectos se han frenado en Nuevo León por un valor conjunto de mil 200 millones de dólares, y que, en caso de afectaciones a los planes, el Gobierno federal puede enfrentar demandas millonarias.
Sergio Reséndez, director regional de Colliers, firma global de bienes raíces industriales, señaló que los proyectos detenidos estaban analizando a Nuevo León para invertir en industria y oficinas.
De igual manera, aclaró que los planes se pusieron en pausa para ver cómo avanzaba el tema de la reforma judicial en el Congreso federal después del triunfo de la ahora presidenta electa, la morenista Claudia Sheinbaum Pardo.
Por otra parte, añadió que la preocupación es generalizada en el país, y que algunos tienen pausadas inversiones, pero no cuantificó otros montos.
“Ahorita nosotros en Colliers ya van cuatro proyectos que nos dicen particularmente que es por este tema de la incertidumbre jurídica”, explicó.
“Dicen: ‘Vamos a esperar a ver qué va a suceder’. Si pasa la reforma, hay que replantear el modelo de negocio”, advirtió.
Por su parte, Mey Barragán Castellanos, directora de Agave Industrial Properties, firma dedicada al brokerage y administración de inmuebles industriales, dijo a través de los medios que conoce de dos proyectos detenidos que en total invertirían por al menos 750 millones de pesos (39 millones de dólares) en dos naves industriales para establecerse en Jalisco y que generarían hasta 370 empleos en conjunto.
Fuentes cercanas al sector empresarial detallan que uno de ellos es una empresa de la industria electrónica que invertiría en ese estado 350 millones de pesos (18 millones de dólares) y generaría entre 100 y 120 empleos en una primera etapa.
“Sí se están cayendo proyectos. Hay clientes que han dicho, ¿sabes qué?, me quiero esperar a ver qué pasa, ya no me gustó el Congreso, y ahora el paro del Poder Judicial Federal (…)”, comentó Barragán, quien tiene 23 años de experiencia en el mercado inmobiliario industrial.
“La incertidumbre es un tema muy difícil porque no hay manera de manejarlo. Las variables que tú ya conoces y puedes controlar, las controlas y se las resuelves al cliente. Pero si ahorita me pregunta el cliente, ‘¿cuándo regresa a sus labores el Poder Judicial Federal?’, honestamente no sé”, finalizó de manera alarmante.
