Con el objetivo de analizar la defensa legal de los territorios de las comunidades rurales e indígenas, Gloria Camacho Pichardo, profesora e investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), encabezó un proyecto para analizar la figura del abogado, Prisciliano María Díaz González, que tuvo influencia durante la época de la Reforma Liberal y el cual, redactó las Garantías Individuales en la Constitución de 1857.
Esta investigación forma parte del libro El municipio decimonónico en México. Formación institucional, procesos políticos y prácticas Sociales, publicado por El Colegio Mexiquense y que resalta la figura de Díaz González como un actor fundamental en la construcción de una personalidad jurídica relevante en el contexto de los municipios de la entidad mexiquense durante el siglo XIX.
“Con este estudio se buscó comprender cómo las comunidades indígenas y rurales defendieron sus derechos territoriales y la representación colectiva en un momento crucial de transformaciones políticas y sociales en México”, explicó, Camacho Pichardo.
La también integrante del Cuerpo Académico “El Poder en México. Ayer y hoy” detalló que su trabajo expone cómo estas comunidades recuperaron sus derechos territoriales en el contexto del proceso de desamortización (la venta de tierras que promovía la privatización, que afectó a las comunidades indígenas que las utilizaban y poseían tradicionalmente), destacando el papel de Prisciliano María Díaz González, abogado liberal mexiquense que defendió los derechos de propiedad de las comunidades en numerosos litigios. Su trabajo como abogado ayudó a comunidades a retener sus tierras y recursos frente a los intentos de desamortización en territorio mexiquense.
La personalidad jurídica es el reconocimiento legal de una entidad o individuo para ser titular de derechos y obligaciones, pudiendo actuar en el ámbito jurídico como sujeto de derecho. Para la profesora Camacho Pichardo, la construcción de una personalidad jurídica para estas comunidades implicó no sólo el reconocimiento formal de sus derechos legales, sino también la capacidad de influir en la protección de sus recursos naturales y propiedades.
“La noción de personalidad jurídica se vincula estrechamente con el reconocimiento legal de las comunidades como entidades con capacidad para actuar en el ámbito jurídico, permitiéndoles defender sus recursos naturales y propiedades ante disputas legales y procesos judiciales”, comentó.
Finalmente, la profesora exhortó a las próximas historiadoras a generar nuevo conocimiento y apasionarse por descubrir y explorar nuevas áreas.
“Aportar conocimiento es fundamental para el avance de nuestro país y el de cualquier disciplina. Hay que ser curiosos y cuestionar lo establecido, es a través de la investigación y el estudio que podemos contribuir al desarrollo de nuestra sociedad”, concluyó.
