Tras la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales, hace 32 años y vigente aún, se concesionó prácticamente toda el agua del país a particulares, y de 1992 a 2003 el número de permisos pasó de 2 mil 600 a 360 mil. Ante esta política neoliberal, el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, que se prevé anuncie esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, buscará darles orden y una mejor distribución del vital líquido.
Fuentes cercanas adelantan que el gobierno propondrá reformar esta ley que se ha tratado de modificar desde 2013, para que no haya más transmisiones entre particulares, bajo el sustento: el agua pertenece a la nación.
Además, tratará de emitir un decreto de facilidades para regularizar las concesiones que ya estén vencidas, siempre y cuando cumplan con la ley; de igual manera, presentará la plataforma Agua para el Bienestar, cuya finalidad es permitir la digitalización y simplificación de trámites, así como combatir la corrupción.
A través de un diagnóstico nacional, el documento plantea que en el escenario hídrico actual hay 35 millones de personas sin disponibilidad en calidad y cantidad suficientes de agua, 104 de las 757 cuencas tienen problemas de acceso y 114 de los 653 acuíferos están sobrexplotados. Resalta que existe una disminución de más de 30 % en el agua per cápita en las últimas dos décadas, es inadecuada la recarga de acuíferos, las aguas residuales son vertidas sin tratar en ríos, es inequitativa la distribución del líquido y se hace uso ilegal.
Lo anterior, señala, se ha visto agravado por el cambio climático y 36 años de una política neoliberal, punto donde sobreconcesiones han provocado los daños.
El plan indica que se trabajará en cuatro ejes rectores: política hídrica y soberanía nacional; justicia y derechos hídricos; gestión integral del agua y mitigación del impacto ambiental, y adaptación al cambio climático.
Para atender esta crisis, lanzará el Acuerdo Nacional por el Agua, cuyos compromisos serán dar prioridad al acceso del líquido para consumo humano y asegurar su disponibilidad, eficientar su uso en los procesos industriales, impulsar la tecnificación del riego para el campo y producción pecuaria. Los tres órdenes de gobierno deberán realizar obras de infraestructura y combatir su uso ilegal.
El pacto contempla 17 proyectos hídricos estratégicos a desarrollar durante el sexenio, como el plan integral para la zona metropolitana del Valle de México, el sistema de presas para Hermosillo y agua para Baja California, lo que implicará una inversión federal de 105 mil 157 millones de pesos.
Por otra parte, también se aplicará el saneamiento y restauración de los ríos contaminados Lerma-Santiago, Atoyac y Tula, con una inversión de mil 500 millones de pesos a cada uno para el siguiente año. Sin embargo, no contempla otros sitios severamente afectados, como el río Sonora.
Con el fondo de aportaciones para la infraestructura social, promoverá la rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento, potabilizadoras, redes de distribución, colectores, pozos y reparación de fugas, donde contribuirá la Comisión Nacional del Agua, Bienestar y las administraciones estatales y municipales.
Sobre los retos en el campo mexicano, afectado por las sequías, promoverá tecnificar 200 mil hectáreas de riego, con una inversión de 36 mil 146 millones de pesos. Así optimizará el uso del líquido en el campo, destinará el recuperado para consumo humano, incrementará la producción agrícola y garantizará la soberanía alimentaria.
