Por Mireya Álvarez
En un giro sin precedentes en la política de movilidad, el secretario de esta área en el Estado de México, Daniel Sibaja González, anunció este lunes una serie de acciones contundentes para combatir el transporte público irregular y reforzar la seguridad de las y los usuarios mexiquenses.
“Hoy es un día muy importante para la Secretaría de Movilidad. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha tomado la decisión de enfrentar un problema que por años ha sido ignorado: la irregularidad, la impunidad y la falta de control en el transporte público”, declaró.
El funcionario recalcó que este nuevo enfoque busca garantizar la vida y la seguridad de la ciudadanía, sin dejar de respetar el debido proceso legal. Además, detalló que desde el inicio de la administración se han retirado cuatro concesiones de transporte público y se han iniciado 16 investigaciones por hechos graves como acoso sexual, conducción bajo efectos de alcohol, menores al volante, participación en carreras, y accidentes con personas lesionadas o fallecidas. Asimismo, dijo, se han presentado 13 querellas penales ante la Fiscalía del Estado de México.
“Un accidente le puede pasar a cualquiera. Pero lo que no vamos a permitir es que se evada la responsabilidad: esconder al conductor, ocultar la unidad o circular sin placas ni concesión. Eso es criminal, y vamos a responder con todo el peso de la ley”, reconoció el funcionario.
Sibaja González, resaltó que, a través de más de dos mil 400 operativos, la Secretaría de Movilidad ha intensificado la supervisión de unidades y operadores. De forma paralela, se han modernizado los módulos de emisión de licencias, permitiendo que un operador pueda obtener su licencia en menos de dos horas. Esta simplificación ha llevado a un incremento del 33 por ciento en la emisión de licencias, lo que evidenció que muchos transportistas operaban sin este requisito.
Por su parte, Ana Cecilia López Dávila, directora jurídica de la Secretaría, explicó el procedimiento administrativo que sigue la dependencia una vez detectada una irregularidad. “Si la unidad cuenta con concesión, se abre un proceso en el que se garantiza audiencia y derecho a la defensa. De comprobarse responsabilidad, se revoca la concesión. En caso de no contar con autorización legal para operar, se da paso a una querella penal conforme al artículo 148 del Código Penal del Estado de México”, indicó.
El proceso penal, a cargo del Ministerio Público, dijo contempla desde la presentación de la querella por parte de la Secretaría, hasta la posible judicialización del caso. Se incluyen medidas cautelares como el aseguramiento del vehículo, citatorios, investigaciones complementarias y, eventualmente, juicio oral.
“Ya no basta con decir que no hay concesión, ahora vamos más allá: denunciaremos penalmente”, afirmó Sibaja.
Entre los casos más graves en proceso se encuentran accidentes con saldo de personas fallecidas en municipios del oriente de la entidad, un siniestro vial en Tlanepantla y un atropellamiento mortal en Toluca. “Antes perseguíamos a los operadores para que dieran el pase médico. Eso no volverá a suceder”, sentenció el secretario.
En el mismo acto, se anunció el fortalecimiento de los canales de denuncia ciudadana, incluyendo una línea telefónica, un chatbot vía WhatsApp que permite hacer reportes sin necesidad de datos móviles, atención personalizada, cuenta en la red social X y un correo institucional.
El titular de movilidad concluyó subrayando que el objetivo no es perseguir por perseguir: “Sabemos que la mayoría de las y los transportistas son personas trabajadoras y valiosas. Pero todos deben responder por sus actos. No hay lugar para la impunidad cuando está en juego la vida de las personas”.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México marca una nueva etapa en la movilidad de la entidad, apostando por la legalidad, la transparencia y la protección ciudadana.
