EDOMEX

Gobierno del Edomex pague seguro por asaltos a transporte público: PVEM

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista propuso al pleno reformar los códigos Penal y Administrativo para aumentar la pena a quienes cometan asaltos en el transporte público y se establezca un seguro que le permita a la persona que viaja recuperar el valor de lo perdido.

Las diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo plantearon que el robo en el transporte debe ser sancionado con penas que vayan de los 18 a los 24 años de prisión y una multa de mil 500 días; en lugar de la pena actual de 12 a 18 años de cárcel y de mil días de multa.

Consideran que si el gobierno estatal no es capaz de garantizar la seguridad a la población debe ser el responsable de cubrir el seguro del viajero a quienes sean asaltados en el transporte público y pierdan su cartera, celular o cualquier otro bien que puedan acreditar.

El requisito será que se denuncie el delito ante el Ministerio Público y se “garantice el pago de un monto mínimo por hasta 750 pesos a usuarios víctimas de robo en el transporte público, a fin de reparar una parte de la afectación patrimonial que hayan sufrido los usuarios por este ilícito”.

Los concesionarios y permisionarios en conjunto con el Estado a través de la Secretaría de Finanzas, señalan, serán responsables de otorgar un seguro de viajero a los usuarios del transporte público cuando sean víctimas de robo, a fin de otorgarles un monto total de mil 500 pesos, en aportación solidaria la mitad cada uno.

No será necesario comprobar con tickets o facturas el monto de lo robado, pero sí presentar la denuncia. El concesionario debe garantizar con el contrato de una aseguradora o con depósito de un fondo, el pago de la mitad de este seguro.

Esto para tratar de disminuir el robo a bordo del transporte público, luego que la mitad de ilícitos registrados en el país ocurren en la entidad, sobre todo en la zona oriente, a bordo de combis y con uso de violencia.

La bancada ecologista también presentó una iniciativa de ley para ajustar la Constitución de la entidad, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Poder Legislativo para sancionar a quienes no atiendan los exhortos emitidos por el Congreso.

En su iniciativa establecen que los puntos de acuerdo deberán ser contestados por escrito, en un plazo de 30 días hábiles o de 20 días hábiles cuando se trate de temas de urgente y obvia resolución, en caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Agrega que las dependencias y entidades de la administración pública estatal deberán atender los puntos de acuerdo aprobados por la Legislatura del Estado, en un plazo improrrogable de 30 días, y de 20 días hábiles en caso de que el punto de acuerdo sea de urgente y obvia resolución.

El incumplimiento a esta obligación se sancionará conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

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