Las transferencias del Gobierno Federal a los estados para seguridad, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), disminuyó 41.9 % en términos reales desde 2001 a 2024, de acuerdo con estimaciones de TKA Analytica, elaboradas con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Se destaca que en medio de la crisis de violencia e inseguridad, el Gobierno Federal recortó el flujo del dinero etiquetado para que los estados hagan frente a esta problemática que afecta al país desde hace más de 20 años.
“En general el comportamiento de las aportaciones no ha sido lo que debería ser en los últimos 24 años, y a partir de 2018 empezó a empeorar. Llama la atención los descensos en lo que se transfiere para seguridad a través del FASP, de todos los fondos de aportaciones, este es el único que decreció en términos reales”, apuntó Tamón Takahashi, chief economist de TKA Analytica, centro de análisis e investigación.
México vive una ola intensa de violencia. En días recientes ha sido el centro de atención de la opinión pública global, luego del hallazgo de una fosa clandestina y centenares de objetos personales en un rancho ubicado en Jalisco.
De acuerdo con el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del FASP se destinan exclusivamente para la profesionalización de recursos humanos; percepciones extraordinarias para los ministerios públicos, peritos, policías ministeriales y procuradurías de justicia; equipamiento de los policías; establecimiento y operación de bases de datos; y la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de instalaciones para la procuración e impartición de justicia. Vale destacar que a diferencia de otros fondos de aportaciones para los estados, que tienen fórmulas de acuerdo a distintas variables económicas, los recursos del FASP los determina cada año la Secretaría de Gobernación, en una propuesta a Hacienda. El enfoque que se da en este caso es totalmente para la seguridad pública.
Registros de la SHCP refieren que fue hasta 2020 cuando los montos del fondo variaban de acuerdo a cada entidad, con Jalisco y Nuevo León como los estados con las caídas más pronunciadas, con -8.0 y -8.5 por ciento, respectivamente. A partir de 2021, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, todos los estados muestran un dinamismo similar: ese año cayeron -2.1 %, en 2022 descendieron -3.8 %, y fue hasta 2023 que lograron crecer 4.2 %.
La reducción en los recursos para el FASP generó un círculo nocivo en el que los estados no consiguen con dinero propio hacer frente a la violencia, mientras que el Gobierno Federal ocupa cada vez más espacios en la vigilancia activa en las entidades federativas. La centralización de la seguridad pública tuvo su mayor avance en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con la creación de la Guardia Nacional.
A pesar de ello, el mayor número de homicidios dolosos por sexenio lo reportó el propio López Obrador, con 199 mil 619; seguido de Enrique Peña Nieto con 157 mil 158 homicidios; Felipe Calderón con 121 mil 613, y Vicente Fox con 60 mil 162, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
También refieren que lo aprobado para 2025 al FASP suma 9 mil 565 millones de pesos, que en términos reales significa una disminución de 0.43 % frente a 2024.
Chiapas, Sonora, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco son las seis entidades que reportan los mayores decrecimientos promedio en las transferencias federales para seguridad a través del FASP de 2001 a 2024, según cifras de Hacienda.
“Esto no representa meramente que los estados, en sí mismos, estén gastando menos en seguridad, pues adicional a las transferencias federales, las entidades complementan gastos. Lo que sí es un hecho es que se está destinando menos a los estados en seguridad, desde la Federación, a través del FASP”, comentó Takahashi.
El subíndice de Derecho del Índice de Competitividad Estatal 2024 del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), que mide la seguridad en las entidades, refiere que de estos seis estados, tres tienen nivel medio-bajo, Sonora, Veracruz y Jalisco, y ocupan las posiciones 18, 23 y 20, respectivamente, a nivel nacional. Chiapas, Tamaulipas y Nuevo León, tiene un nivel medio-alto en las posiciones 10, 13 y 14.
