* Poder Judicial Federal ampara a síndico y regidores destituidos ilegalmente por la alcaldesa morenista Michelle Núñez Ponce……
* Los afectados han solicitado que este caso sea investigado por la Legislatura estatal, por la Fiscalía Anticorrupción y que la gobernadora Delfina Gómez se pronuncie sobre la conducta de una alcaldesa perteneciente a su partido……
Por Mireya Álvarez
Una resolución del Poder Judicial Federal ha marcado un hito en la defensa del Estado de Derecho en Valle de Bravo, al ordenar la restitución de los derechos económicos y políticos del ahora ex síndico y cuatro ex regidores del Ayuntamiento, quienes fueron despojados de sus funciones y emolumentos por una orden unilateral e inconstitucional girada por la presidenta municipal Michelle Núñez Ponce, en junio de 2024.
En conferencia de prensa en la capital mexiquense los afectados, indicaron que el pasado 24 de junio de 2024, la alcaldesa emanada del partido Morena, ordenó a la Tesorería municipal la suspensión de pagos al síndico Pastor Nava Montoro y a los regidores María Magdalena Rodríguez Benítez, Édgar Ledezma Bernal, Adrián Carlos Benítez García y Alejandro Reyes Jaramillo, todos en funciones y electos democráticamente. Con esta orden, no solo se les privó de sus salarios y dietas, sino que también se les impidió ejercer sus funciones en el Cabildo de manera efectiva.
Ante ello, aseguran que la alcaldesa actuó fuera de su competencia, sin mediar procedimiento legislativo alguno ni notificación oficial sustentada. Según la Constitución, los servidores públicos electos solo pueden ser sancionados, suspendidos o removidos mediante procesos claramente establecidos por el Poder Legislativo o resoluciones judiciales. En este caso, se trató de una acción arbitraria, ilegal e inconstitucional.
Los ex ediles afectados intentaron obtener explicaciones formales sobre su exclusión y la suspensión de sus percepciones, enviando oficios tanto al supuesto secretario del Ayuntamiento, Juan Montes de Oca Gómez Tagle, como a la propia alcaldesa, sin embrago, la solicitud fue ignorada. La falta de respuesta, además de profundizar el agravio, exhibe una preocupante prepotencia y opacidad institucional.
Ante el silencio oficial, los afectados recurrieron al amparo federal, en primera instancia bajo el expediente 1292/2024-MII, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito. Debido a la suspensión de labores judiciales por la reforma del Poder Judicial, el expediente fue transferido al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo, con número 143/2025, con sede en Toluca.
Y tras analizar el caso, el Poder Judicial Federal falló el 22 de mayo de 2025 a favor del síndico y los cuatro regidores, otorgándoles el amparo y la protección constitucional frente a un acto que violó de manera flagrante sus derechos políticos, laborales y humanos.
La sentencia no solo ratificó la inconstitucionalidad del acto cometido por Núñez Ponce, sino que también obliga al actual Ayuntamiento de Valle de Bravo a pagar los salarios retenidos injustamente y podría abrir la puerta a demandas por daño moral y reparación del daño.
Pese a la resolución, las autoridades municipales intentaron desacreditar el amparo argumentando, falsamente, que la demanda había sido presentada fuera de tiempo, cuando ya había concluido el periodo constitucional de los ediles, debido a que se trabajaron en la administración concluida apenas en diciembre del 2024. El tribunal desestimó este recurso por improcedente, destacando que la violación de derechos fue continua, al no haberse restituido el pago ni explicado el acto administrativo.
Por lo que, de persistir el incumplimiento, la edil morenista podría enfrentar una acusación formal por desacato, figura jurídica que conlleva sanciones penales y administrativas, incluidas posibles inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.
El conflicto tuvo su origen cuando la presidenta municipal solicitó licencia temporal para contender en el proceso electoral. Durante su ausencia, el Cabildo, actuando conforme a la ley, designó como presidenta interina a una regidora. En ese periodo, por renuncias masivas, el Cabildo reestructuró diversas áreas administrativas, removiendo de sus cargos a funcionarios que ya no respondían a los intereses del cuerpo colegiado.
Al regresar de su licencia, Núñez Ponce desconoció los actos realizados en su ausencia y, en represalia, ordenó la suspensión de salarios y funciones a quienes participaron activamente en las decisiones administrativas que garantizaron el funcionamiento del municipio.
Motivo por el cual, este, martes los exfuncionarios amparados agradecieron a las instituciones del país por haberles devuelto la confianza en el Estado de Derecho.
“No buscamos revancha ni escándalo. Solo justicia. Queremos que este caso sea un precedente para que ningún servidor público sea víctima de abusos ni intimidaciones”, expresó Pastor Nava Montoro.
Los cinco coincidieron en que la justicia existe y llamaron a la ciudadanía a no dejarse intimidar por ningún servidor público.
“Hoy no venimos a pelear un sueldo, venimos a fijar un precedente histórico. Que nadie, por poderoso que se crea, puede estar por encima de la Constitución”, agregó Alejandro Reyes.
Este episodio evidencia los riesgos de concentración de poder, abuso de autoridad y desprecio por los contrapesos legales en gobiernos municipales. La actuación de Michelle Núñez Ponce ha sido calificada por expertos y ciudadanos como una regresión autoritaria que merece sanción ejemplar, no solo administrativa, sino también política.
Por ello, han solicitado que este caso sea investigado por la Legislatura estatal, por la Fiscalía Anticorrupción y que la gobernadora Delfina Gómez se pronuncie sobre la conducta de una alcaldesa perteneciente a su partido.
El caso Valle de Bravo reafirma un principio básico de toda república democrática: nadie está por encima de la ley. La justicia puede tardar, pero cuando llega, marca la diferencia entre un país autoritario y uno con instituciones que funcionan.
Ahora, corresponde a la ciudadanía, a las autoridades y a los partidos políticos asegurar que actos como estos no queden impunes y que servidores públicos que violan la ley enfrenten las consecuencias.
