El huachigás (robo de gas LP) se ha extendido en la Ciudad de México, en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Tlalpan, lo que obliga a los gaseros formales a desplazarse a otros lugares.
Además, estas prácticas ilícitas pueden generar riesgos de accidentes -explosiones- para la población, aunado al control del gas por parte de grupos delictivos en distintas zonas de reparto.
De acuerdo con registros de Petróleos Mexicanos (Pemex), en 2024 los estados que concentraron el mayor número de tomas clandestinas de gas LP en ductos son: Puebla con 426; Veracruz con 245; Tlaxcala con 127, Ciudad de México con 94; Oaxaca con 25, y Querétaro con 16.
De acuerdo con datos oficiales, durante 2023 se registraron 2 mil 470 tomas clandestinas en ductos de gas LP, lo que equivale a 6.7 perforaciones diarias en estos; cifra que prácticamente ya ha sido rebasada en los últimos meses.
Lo anterior refiere el estudio “Tomas clandestinas, ductos de petrolíferos y gas LP 2024”, realizado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal -IGAVIM (Observatorio Ciudadano).
“Mediante la actividad del huachigás se violenta el Estado de derecho, crece la inseguridad, se desincentivan las inversiones productivas, se sustituye la actividad de una empresa legal que genera empleos formales y paga impuestos, tomando su lugar la delincuencia organizada”, refieren los distribuidores de gas LP formales.
Hace unos meses, James Rockall, presidente de la Asociación Mundial de Gas LP (WLPGA), refirió que el gobierno debe trabajar para erradicar esta mala práctica, pues, entre otros, se afecta a las empresas formales al no contar con recursos suficientes para infraestructura.
“El robo de gas LP debería de ser un tema prioritario para las autoridades, a nosotros nos sorprende este fenómeno, ya que a nivel mundial no estamos acostumbrados a ver esto (huachigás), es un problema específico de México”, enfatizó al participar en el Congreso GLP, organizado por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas).
Los distribuidores señalan a Alejandro Castillo como responsable de la fijación de precios, cuando estuvo en la dirección de hidrocarburos de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE), donde se bajó en 50 % la tarifa “de forma drástica y sin ningún fundamento técnico ni económico”.
