Human Rights Watch (HRW) señaló que las autoridades y proveedores de salud del Estado de México, el más poblado del país, no garantizan el acceso al aborto, incluso en los casos comprendidos bajo las causales establecidas en la legislación local.
En un informe que presentó la organización internacional indica que los obstáculos a la atención del aborto legal dificultan que las personas obtengan los servicios a los que tienen derecho, sobre todo para las personas que viven en situación de pobreza, las adolescentes y las personas con discapacidad.
Por lo anterior solicitó al estado despenalizar de manera total el aborto.
“Las instituciones de salud deben intensificar esfuerzos para asegurar que todas las personas tengan acceso a servicios de aborto sin discriminación”.
A pesar de los avances conseguidos a nivel nacional en el reconocimiento del acceso al aborto como derecho constitucional y humano, el Estado de México continúa criminalizando el aborto, con excepciones únicamente en casos de acción culposa, cuando el embarazo es el resultado de violación, cuando existe riesgo para la vida de la mujer embarazada, o cuando el producto presenta “alteraciones congénitas o genéticas”, señalan.
El informe de 44 páginas, “Navegando obstáculos: Acceso al Aborto en el Estado de México,” concluyó que las leyes sobre aborto no garantizan el acceso a este servicio de salud esencial en el estado, incluso en los casos permitidos por la legislación actual. Los obstáculos para el acceso incluyen proveedores de atención de la salud que niegan o postergan servicios, no transmiten información necesaria, cuestionan la veracidad de las declaraciones de las sobrevivientes de violencia sexual, maltratan a las mujeres e imponen requisitos arbitrarios que contradicen las leyes y reglamentaciones vigentes.
“Las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes que buscan abortar en el Estado de México continúan enfrentando obstáculos significativos de acceso, incluso en los casos comprendidos bajo las causales establecidas en la ley,” indicó Cristina Quijano Carrasco, investigadora sobre los derechos de la mujer de Human Rights Watch.
“Despenalizar totalmente el aborto es un paso fundamental para lograr la equidad de género en el Estado de México”, consideró.
La falta de acceso al aborto en el estado empuja a un número considerable de personas a viajar a la Ciudad de México, donde los servicios de aborto están disponibles sin restricción hasta las doce semanas de embarazo, poniendo de relieve las amplias diferencias en la protección de los derechos reproductivos en los distintos estados de México.
Human Rights Watch entrevistó a 66 personas profesionales de la salud, funcionarias gubernamentales, representantes de organizaciones de la sociedad civil y otras expertas.
Human Rights Watch concluyó que, detrás de los obstáculos significativos para acceder al aborto legal en el Estado de México, existen prejuicios y estereotipos de género. El personal médico, de enfermería y psicología de varios hospitales entrevistados, manifestó haber observado maltrato a usuarias, incluyendo cuestionamientos a los motivos que tenían para buscar servicios de aborto y comentarios estigmatizantes como “una buena madre no hace estas cosas”. Es común que las personas que experimentan maltrato se retiren sin recibir la atención que necesitan.
Algunos hospitales y proveedores de salud restringen incluso más el acceso al imponer requisitos arbitrarios que contradicen las leyes y regulaciones existentes. Por ejemplo, ciertos proveedores exigen que las personas sobrevivientes de violencia sexual denuncien sus casos a las autoridades antes de acceder a servicios de aborto, a pesar de que la legislación estatal no requiere realizar tal denuncia.
El temor a la criminalización también disuade al personal de salud de prestar servicios de aborto y a las personas de buscar dichos servicios. La existencia del delito de aborto provoca que las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes teman buscar información sobre cómo interrumpir legalmente su embarazo cuando lo necesitan. El miedo a enfrentar cargos penales también puede provocar que las mujeres no busquen ayuda médica cuando la necesitan, concluyó Human Rights Watch.
