Por Mireya Álvarez
La Cámara de Diputados del Estado de México fue escenario de la presentación de dos iniciativas legislativas fundamentales destinadas a fortalecer el sistema de seguridad y justicia estatal, una para profesionalizar a los custodios penitenciarios y otra para democratizar y legalizar la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
En conferencia de prensa, el diputado del PRI, Mariano Camacho San Martín presentó una propuesta enfocada en mejorar la capacidad y el desarrollo profesional de las y los custodios penitenciarios, un pilar “menos visible y quizá más olvidado” del sistema, pero determinante para la seguridad y la reinserción social a fin de buscar establecer la obligatoriedad de contar con un grado de licenciatura o equivalente para los aspirantes a custodios; y como requisito de permanencia, los custodios deberán obtener cada cinco años un certificado que acredite su actualización profesional y especializada.
Camacho San Martín destacó que la profesionalización es la “herramienta más poderosa para combatir la corrupción”, fortalecer la gobernabilidad y garantizar un trato humano. La iniciativa busca blindar a quienes cumplen con su labor honestamente, mientras que los actos de corrupción deberán enfrentar procedimientos de investigación y destitución.
A pregunta de los reporteros, el legislador confirmó que la propuesta contempla mejoras salariales y oportunidades de ascenso para motivar al personal y retener el talento, asimismo, señaló que el sistema penitenciario enfrenta realidades complejas, incluyendo llamadas de extorsión que emanan de los penales, hacinamiento, violencia, y riesgos permanentes de corrupción y tráfico de estupefacientes. Citó el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal del INEGI (2024), que indica que en el Estado de México el 70 por ciento de los custodios no cuenta con licenciatura y un 30 por ciento solo tiene secundaria terminal.
Además, reveló un dato preocupante sobre la sobrepoblación, cuando dijo, los penales mexiquenses están diseñados para 14 mil 480 personas, pero albergan a aproximadamente 36 mil 174 internos, un excedente de más de 21 mil personas. En cuanto a la corrupción, mencionó que en marzo de este año 20 custodios fueron destituidos por posibles actos delictivos.
“Estamos poniendo nuestro granito de arena para que las cárceles dejen de ser escuelas de la delincuencia y que nos permitan cada vez más tener ambientes más sanos y quien salga de estos penales… tener oportunidades de tener una vida digna”, concluyó.
Por su parte, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez presentó una iniciativa para transformar la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, un mecanismo de seguridad creado en 2018 por acuerdo administrativo. El legislador argumentó que la falta de soporte legal, las reglas opacas y la exclusión de los representantes ciudadanos están generando desconfianza.
La propuesta del priista, indica que los puntos centrales es dotar de fundamento jurídico a la Mesa, el punto que consideró más importante; establecer reglas claras de integración y funcionamiento; integrar por primera vez a los partidos políticos como representantes directos de la ciudadanía en sus sesiones, al menos una vez por semana y crear mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para combatir la percepción de que las cifras que se manejan son “maquilladas”.
El congresista enfatizó que la seguridad es un tema de Estado que requiere consensos y pluralidad, por ende, la iniciativa tiene a fin que las decisiones de seguridad, que involucran a ocho cuerpos distintos que van desde municipales, estatal, fiscalías, Guardia Nacional, Ejército, Marina, etc., sean más rápidas y efectivas, eliminando duplicidades y lentitud.
“La falta de coordinación para atender el tema de la inseguridad está ocasionando que cada vez más familias vivan con miedo… Hoy presentamos una iniciativa seria, responsable y con visión de futuro,” declaró.
Ante la pregunta de por qué las reuniones son a puerta cerrada, el legislador reconoció que, si bien algunos temas estratégicos no deben ser públicos, la legalización y la inclusión de los partidos buscará generar mayor veracidad y, eventualmente, permitir que las sesiones sean públicas y privadas cuando la circunstancia lo amerite, logrando una “reconstrucción de la confianza” con la ciudadanía.
Ambas iniciativas se suman a un paquete de reformas que buscan poner orden y certeza al sistema de seguridad y justicia en la entidad, priorizando la legalidad, la profesionalización, y la participación ciudadana.
