Por Martha Romero
Los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Estado de México iniciaron el análisis de una reforma al Código Penal estatal que busca tipificar el despojo como delito grave y establecer agravantes. Reconocieron que existe una deuda pendiente en la protección del patrimonio de la ciudadanía.
Una de las iniciativas plantea penas de hasta 10 años de prisión cuando el despojo se cometa contra personas adultas mayores, con violencia física, forzando cerraduras o mediante intimidación. Otra propone castigar este delito sin importar si la posesión del bien está en disputa, elevando las penas hasta 17 años para quienes organicen o dirijan invasiones, incluyendo a los autores intelectuales. Una tercera iniciativa establece hasta 25 años de cárcel si el despojo afecta a inmuebles privados, destinados a vivienda o agricultura, especialmente cuando las víctimas sean mujeres, personas mayores, indígenas o en situación de vulnerabilidad.
Las y los legisladores destacaron que en la entidad se registran 14 delitos de despojo al día y que, hasta ahora, no hay personas en prisión por este delito. Por ello, coincidieron en la urgencia de fortalecer el marco legal para proteger los bienes patrimoniales de la población.
El diputado Octavio Martínez, proponente de una de las iniciativas, subrayó la necesidad de aplicar agravantes cuando el delito sea cometido por servidores públicos, con uso de fuerza, documentos falsos o en ausencia de los propietarios. También propone que el Ministerio Público tenga un plazo de 48 horas para solicitar la restitución del inmueble ante un juez, siempre que la propiedad esté registrada formalmente.
Por su parte, la legisladora Ruth Salinas Reyes resaltó que hay consenso entre bancadas para endurecer las sanciones. Propuso establecer un plazo para dictaminar las iniciativas y acordar un número específico de años de prisión, a fin de brindar justicia y certeza jurídica a las víctimas.
Finalmente, se reconoció la debilidad del Estado de Derecho en este ámbito, por lo que se comprometieron a trabajar en un dictamen común que fortalezca el marco jurídico y garantice una verdadera protección del patrimonio ciudadano.
