Las aguas no se llevaron la memoria. Mientras más de 100,000 personas del Valle de Toluca y municipios conurbados como Zinacantepec, Ecatepec y San Mateo Atenco enfrentan uno de los peores episodios de inundaciones en la última década, la senadora Mariela Gutiérrez Escalante (Morena) atribuye la tragedia no a omisiones humanas, sino a “las fuerzas ancestrales de Tláloc”. Una declaración que, más allá del folclor, revela el desdén por el principio de responsabilidad pública y una preocupante evasión de deberes institucionales.
La senadora, exalcaldesa de Tecámac entre 2021 y 2024, fue interpelada recientemente sobre la inoperancia del sistema de drenaje en ese municipio. En vez de explicar la ausencia de resultados en obras hidráulicas, optó por invocar al dios mexica de la lluvia. La respuesta, pronunciada en una entrevista con Radio Imagen, desató críticas inmediatas: “Son fuerzas de Tláloc que reclaman nuestro respeto”, dijo, en lo que ha sido interpretado por expertos y ciudadanos como una burla ante una crisis tangible y evitable.
En 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que durante su administración municipal no se logró comprobar el destino de al menos 37 millones de pesos etiquetados para infraestructura hídrica. Además, según registros periodísticos y solicitudes de acceso a la información citadas por Quadratín Edomex, el 70% de las quejas ciudadanas en Tecámac durante 2022 y 2023 estuvieron relacionadas con fallas graves del sistema de drenaje, colapsos y obras inconclusas.
El drenaje no colapsa solo: hay causas, responsables, firmas de contrato, empresas beneficiadas y autoridades que deben rendir cuentas. Tláloc, por más simbólico que sea, no aparece en el padrón de proveedores ni firma actas de entrega-recepción.
Más grave aún, investigaciones de Latinus han revelado presuntos pactos con sindicatos afines al crimen organizado, que habrían operado como estructuras de movilización en su campaña al Senado. De ser ciertos estos señalamientos, no estamos solo ante negligencia administrativa, sino ante una cadena de posibles actos de corrupción y connivencia delictiva.
El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Este principio ha sido reiterado por tratados internacionales firmados por México, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En este sentido, la omisión en la planeación y mantenimiento de infraestructura hidráulica no es solo un problema técnico: constituye una violación al derecho humano al agua y, por extensión, al derecho a la salud, la vivienda y la seguridad. Cuando el Estado, en cualquiera de sus niveles, falla en garantizar este acceso, incurre en responsabilidad institucional, y los ciudadanos están legitimados para exigir reparación, sanción y garantías de no repetición.
“No mentir, no robar, no traicionar al pueblo”, ha sido el lema fundacional de la autodenominada Cuarta Transformación. Sin embargo, la respuesta de Gutiérrez Escalante no sólo contradice ese principio; lo caricaturiza. Mientras miles de familias pierden su patrimonio bajo el agua, y mientras la delincuencia organizada aprovecha el caos para extorsionar negocios, como ya lo confirmaron fiscales del Estado de México, la senadora elude su pasado administrativo con una mística explicación digna de códice, no de rendición de cuentas.
La gobernadora Delfina Gómez fue mesurada: “El cambio climático exige soluciones técnicas”, dijo. Pero ni el cambio climático ni Tláloc eximen a los funcionarios de cumplir con sus obligaciones constitucionales. La omisión mata, y cuando no se actúa con la debida diligencia, se perpetúa la pobreza estructural y el abandono institucional.
Hoy, colectivos ciudadanos y abogados en el Estado de México preparan denuncias por negligencia y violaciones a derechos humanos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Las emergencias climáticas no deben ser excusa para normalizar el desvío de recursos, el abandono de obras públicas o la retórica mística como coartada política.
Lo que enfrentamos no es una crisis provocada por deidades ancestrales, sino por estructuras modernas de simulación y negligencia institucional. En este país donde los dioses ya no castigan, pero los gobiernos sí fallan, la verdadera fuerza ancestral que podría cambiar las cosas no es Tláloc, sino la ciudadanía informada, organizada y decidida a exigir justicia.
