La red financiera encabezada por los contratistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Anna Viesca Sánchez y Carlos Prats García, vinculados al líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, ha sido acorralada por los auditores del Sistema de Administración Tributaria (SAT), tras la detección de inconsistencias contables en las firmas Avacor, Bercale Services y Alimentos Frutiva.
El resultado de las revisiones contables han sido créditos fiscales, multas, y hasta el congelamiento de cuentas de socios.
La Auditoría Fiscal Federal (AFF) descubrió transferencias bancarias a las cuentas de Avacor sin registro en los libros de la empresa, operaciones con razones sociales con domicilios ficticios, omisión de ingresos; así como intercambios comerciales con intermediarios de importaciones chinas en la Ciudad de México. Intermediarios que, simultáneamente, han sido proveedores de ayuntamientos tabasqueños como los de Tenosique y Macuspana.
Documentos hacendarios advierten que el SAT aplicó créditos fiscales a Avacor por 27 millones de pesos tras la incapacidad de la empresa para justificar y documentar las operaciones señaladas. También ordenó el congelamiento de cuentas de la firma importadora ARDWW Trade y Logistics, que figura entre los principales socios comerciales de Avacor.
En cuanto a Bercale Services, la autoridad fiscal descubrió omisiones contables de la empresa por ingresos de contratos con el sector público, por lo que de inmediato dispuso una revisión completa de los libros administrativos de la empresa, contratos y demás operaciones.
La investigación realizada por la propia SAT, a la red financiera encabezada por el matrimonio de Carlos Prats y Anna Viesca, que quedó al descubierto en agosto de 2024, incluye a Bercale Services, la cual obtuvo mil 100 millones de pesos en contratos de Defensa por un amplio catálogo de proveeduría, que iba de cubiertos y sábanas hasta equipo táctico especializado, pasando por equipamiento hotelero; y Avacor, que ha captado más de 260 millones de pesos de la misma entidad.
Las autoridades hacendarias han descubierto también irregularidades a Grupo Servicorvel, que el matrimonio Prats Viesca maneja a través de su colaborador Carlos Manuel Velázquez Rosillo; así como la empresas manufacturera de la industria del plástico, IDETEP; la empacadora de alimentos Procesadora Frutiva, y la comercializadora de Alimentos Frutiva, ésta última contratista millonaria del gobierno de Puebla durante la gestión de Salomón Céspedes Peregrina, ahora titular del Instituto Nacional de Migración.
Cabe señalar que también son objeto de la investigación hacendaria Grupo Servicorvel y Alimentos Frutiva. Sobre esta última, las investigaciones hechas por el SAT encontraron operaciones sospechosas y ordenaron la “comprobación de su materialidad”, es decir, la verificación de que sus operaciones con Avacor y con instituciones públicas sean reales.
El grupo empresarial ha sido señalado por simular competencia y falsear información en los procesos licitatorios, específicamente, por presentar artículos importados de China como producción nacional, lo que detonó revisiones sobre sus contratos de parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), además de la investigación del SAT.
Carlos Prats García y Anna Viesca Sánchez son, respectivamente, hijo y nuera de Carlos Prats Pérez, quien fuera compañero de gabinete de Adán Augusto López en el gobierno priísta de Tabasco que encabezó Manuel Gurría Ordóñez a inicios de los noventa. A partir de entonces se ha dado la estrecha amistad de las familias Prats y López Hernández.
Las investigaciones del SAT sobre la red financiera en cuestión comenzaron el 3 de mayo de 2023, cuando la dependencia dispuso de un equipo de especialistas para emprender la revisión de Avacor, empresa del ramo textil propiedad del clan Prats – Viesca.
De acuerdo con la bitácora de prácticas planteadas por la entidad fiscal sobre Avacor, estas han incluido la solicitud de copia certificada de los estados de cuenta bancarios de los terceros Ana María Arellano Castelán y ARDWW Trade y Logistics, S, de R. L. de C.V., que efectuaron operaciones con la empresa fiscalizada.
Además, el equipo hacendario recibió la orden de efectuar compulsas contables de las operaciones de Avacor con las siguientes entidades del sector público: a nivel federal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), órgano desconcentrado Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); a nivel municipal, el ayuntamiento de El Marqués, del estado de Querétaro.
De acuerdo con la documentación, tras las investigaciones, el SAT aplicó a Avacor un crédito fiscal por alrededor de 27.19 millones de pesos, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, el último del que se tiene registro. La plataforma Compranet (ahora Compras MX) reporta que en ese año esta razón social obtuvo nueve contratos con la Sedena, por un monto acumulado de 136 millones de pesos.
Específicamente, la revisión fiscal detectó ingresos por transferencias bancarias no registradas en la contabilidad de la empresa, equivalentes a 11 millones 522 mil pesos; y aunque la firma presentó contratos de préstamo como justificación de esos millonarios traspasos, las pruebas fueron consideradas insuficientes debido a la falta de claridad sobre los destinatarios finales de los pagos de restitución.
