La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, confirmó que tiene abiertas “varias investigaciones” en torno al descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, que dejó 14 muertos y más de un centenar de heridos.
Al ser cuestionada sobre los resultados que se han obtenido de las investigaciones realizadas sobre el accidente ferroviario, y luego de encabezar el lanzamiento del Programa Semilleros de la Honestidad, detalló que por su ley orgánica la dependencia debe hacer auditorías a todas las instituciones de gobierno, pero tras un evento “tan desafortunado, tan triste, vamos a hacer algo más detallado y específico, con el fin de que se haga justicia”.
Agregó que no se trata de una investigación acerca del descarrilamiento, sino sobre si hubo o no “alguna omisión de un proceso por parte de un servidor público, empresa o proveedor que haya provocado, o que haya sido omiso, en realizar correctamente sus funciones”, también aclaró que el año pasado se auditó a esta institución, “pero ahora vamos a poner más énfasis y más cuidado”.
De igual manera también reconoció que, si bien la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no realiza auditorías forenses, es decir, aquellas que consisten en una revisión rigurosa y pormenorizada de procesos, hechos y evidencias, a fin de documentar un presunto acto irregular, como la define la Auditoría Superior de la Federación, “sí podemos hacer denuncias ante autoridades competentes, como la Fiscalía General de la República, para que ellos hagan las auditorías forenses”.
Destacó que cuando existía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales “no se abrían investigaciones de oficio, siempre obedecían a denuncias previas, y lo que ahora estamos reportando ante el Órgano Interno de Control es que se solicitaron muchas averiguaciones, pero los expedientes se guardaron en los cajones para que prescribieran, y nunca se les dio seguimiento”.
Por ello, enfatizó que la dependencia podría fincar responsabilidades contra los funcionarios públicos que resulten responsables o “contra quien haya guardado el expediente en el cajón, porque es el responsable de que haya prescrito”, advirtió de manera precisa.
Como se informó en su momento, las fallas en la construcción del Tren Interoceánico que recorre el Istmo de Tehuantepec fueron detectadas desde el arranque del proyecto y quedaron asentadas en auditorías oficiales mucho antes del accidente ocurrido el 28 de diciembre de 2025, informes federales advirtieron que la obra avanzó con deficiencias técnicas, retrasos y falta de supervisión, lo que comprometió la seguridad del servicio.
Desde 2020, la Auditoría Superior de la Federación identificó anomalías en materiales clave de la vía férrea, en los procesos de contratación y en la ejecución de los trabajos, a pesar de esas observaciones, el proyecto continuó sin que se corrigieran las fallas estructurales señaladas por los auditores.
La combinación de omisiones técnicas, pagos sin verificación y decisiones administrativas cuestionables generó un escenario de riesgo que, con el paso del tiempo, derivó en una tragedia que pudo haberse evitado.
