Por Karina A. Rocha Priego
Las autoridades federales han mantenido un silencio inquietante respecto a los resultados de las investigaciones realizadas en el rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco, donde se han hallado evidencias de actividades criminales vinculadas a desapariciones forzadas.
Este encubrimiento ha generado dudas sobre la transparencia y voluntad del gobierno para esclarecer lo sucedido.
La falta de información oficial no sólo alimenta la especulación, sino que también obstaculiza el proceso de justicia para las víctimas y sus familias, quienes exigen respuestas claras sobre lo ocurrido en ese lugar.
La omisión de detalles cruciales sobre las investigaciones refleja, una vez más, la política de opacidad que caracteriza a las autoridades federales, poniendo en evidencia una posible complicidad o al menos negligencia en la gestión de estos casos. La verdad debe salir a la luz para que no se repitan estos abusos y para garantizar el acceso a la justicia.
Hoy por hoy, México se ha convertido en un país con una historia marcada por la violencia, narcotráfico y conflictos políticos, ha sido testigo en los últimos años de descubrimientos escalofriantes que revelan la magnitud de las atrocidades cometidas en su territorio.
Uno de los hallazgos más perturbadores ha sido el descubrimiento de “los campos de exterminio” -les dicen de entrenamiento, manejados por células criminales-, donde se han encontrado restos humanos, pruebas de tortura, y huellas de desapariciones forzadas.
Sin embargo, lo más desconcertante de estos descubrimientos no es sólo la barbarie de los crímenes cometidos, sino la actitud de las autoridades federales ante estos hechos: una aparente omisión, ocultamiento y falta de transparencia que obliga a cuestionar los intereses de-trás de esta actitud.
La denuncia de la existencia de los “campos de exterminio” en México no es nueva, pero ha tomado mayor relevancia en las últimas semanas, debido a investigaciones realizadas por colectivos de víctimas, periodistas de investigación y organizaciones internacionales y el hallazgo de una que puede ser la fosa clandestina más abultada del país, ubicada en el rancho Izaguirre en Jalisco, donde fueron hallados decenas de pares de zapatos que podrían dar una idea de la cantidad de jóvenes desaparecidos en ese lugar.
Estas fosas clandestinas, revelan la magnitud de una guerra no declarada contra la sociedad civil, marcada por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos.
Cabe comentar que la mayor parte de las desapariciones, son de jóvenes que buscan “un futuro mejor”, por lo que son reclutados por los criminales para que trabajen en las redes del tráfico de drogas, al paso de poco tiempo, estos se terminan matando entre sí, son asesinados por los cuerpos policiacos o simplemente les terminan sobrando a los líderes de las células delictivas quienes se deshacen de ellos.
Pero las autoridades federales, lejos de dar una respuesta contundente, parecen minimizar o incluso ocultar la información sobre estos crímenes, siendo una de las razones, la posible implicación de actores del gobierno en estos hechos.
La presencia de fuerzas de seguridad y elementos de las fuerzas armadas en lugares relacionados con los crímenes da pie a especulaciones sobre su complicidad.
Y es que se ha demostrado que las desapariciones no sólo fueron cometidas por grupos del crimen organizado, sino también por agentes del Estado, en su mayoría vinculados con prácticas de tortura y ejecución extrajudicial.
La falta de rendición de cuentas y la escasa voluntad política para investigar y sancionar a los responsables contribuyen a la impunidad que prevalece en México.
A lo largo de las administraciones pasadas, se ha documentado cómo se ha utilizado el poder del Estado para encubrir crímenes perpetrados tanto por actores del narcotráfico como por servidores públicos.
La militarización de la seguridad pública, la corrupción dentro de las fuerzas policiales y los nexos entre autoridades locales y organizaciones criminales han creado un ambiente de total desconfianza.
El miedo a represalias, las amenazas de muerte a testigos y las desapariciones de aquellos que se atreven a hablar son comunes en muchas regiones del país, lo que ha creado un círculo vicioso de miedo y encubrimiento que afecta gravemente la lucha por la verdad y la justicia.
Durante años, México ha sido criticado por organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no garantizar los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas y no llevar a cabo investigaciones imparciales y exhaustivas.
La lentitud en los procesos judiciales, las trabas administrativas y la escasa cooperación entre las autoridades federales y locales dificultan el esclarecimiento de estos casos y permiten que los responsables sigan gozando de impunidad, entre tanto, los familiares de las víctimas quedan atrapados en una interminable espera de respuestas y justicia, mientras se les sigue negando el reconocimiento de su sufrimiento.
Dicho sea de paso, los vicios con los que trabaja, desde décadas, el Poder Judicial y que pocas veces o nunca, dan resultados positivos a las familias de las víctimas o las víctimas en sí, habrán de recrudecerse a partir de junio, luego de la elección popular de jueces y magistrados que, honestamente, no se sabe hasta dónde pueda llegar su capacidad para ostentar un cargo de esa índole.
Los vínculos entre el crimen organizado, las autoridades locales y las fuerzas de seguridad han generado la imagen de un Estado incapaz de controlar la violencia y el crimen en su propio territorio.
La revelación de la magnitud de estos campos de exterminio, tema toral en esta edición, podría ser vista como una confirmación de esta imagen y, por lo tanto, podría dañar la legitimidad del Gobierno Federal, tanto a nivel nacional como internacional.
Sin embargo, la omisión o el encubrimiento de estos hechos no sólo afecta la percepción externa del gobierno, sino que también contribuye a la desconfianza generalizada de la población en las instituciones del Estado.
El hecho de que autoridades federales no sólo ignoren, sino que en ocasiones minimicen la magnitud de estos hallazgos, transmite un mensaje claro: las víctimas y sus familias son invisibles ante el aparato estatal.
La falta de acción y la inacción de las autoridades refuerzan la idea de que el gobierno mexicano prefiere preservar su imagen y evitar el escándalo a costa de la verdad y la justicia.
Finalmente, la omisión y encubrimiento de la realidad de campos de exterminio encontrados en territorio mexicano no sólo son una violación grave de los derechos humanos, sino también una bofetada a la memoria de las víctimas y dignidad de sus familias.
Mientras las autoridades sigan escondiendo la verdad, las cicatrices del pasado seguirán abiertas, impidiendo la curación de una sociedad que exige justicia, verdad y reparación.
