Los efectos de la designación de grupos criminales mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras podrían ser “considerables”, sobre todo para el sector empresarial, valoran expertos y un estudio de la Cámara de Diputados.
En un entorno económico globalizado, señalan, cualquier pago realizado por empresas, organizaciones o individuos vinculados, directa o indirectamente a un cártel, podría interpretarse como una forma de apoyo a organizaciones terroristas.
Empresarios y organizaciones también corren el riesgo de que las autoridades sospechen o presuman su vinculación con las mismas organizaciones que los asedian, además de un posible aumento de la violencia como resultado de la fragmentación de los cárteles.
“Este impacto no se limitaría a compañías mexicanas, sino que también podría extenderse a estadounidenses y multinacionales con operaciones transfronterizas. Tal situación podría derivar en una paralización de proyectos y transacciones comerciales, motivada por el temor a posibles sanciones legales o económicas”, señala un estudio de la Cámara de Diputados.
Vale recordar que el pasado 19 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos agregó a su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras a ocho grupos criminales, de ellos, seis cárteles mexicanos: el de Sinaloa; el del Noreste; del Golfo; Jalisco Nueva Generación; Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana.
Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad Asociación Civil (ONC), observa que aún no está claro el alcance que esta declaratoria de la administración Trump tendrá para México.
No obstante, subraya el especialista en seguridad, podría tener consecuencias en varios niveles: Uno, que Estados Unidos busque la participación directa para desactivar a esas organizaciones, en cuyo caso México sufriría las consecuencias con más violencia.
La segunda es que, al considerar como terroristas a cárteles del crimen organizado, cualquier relación con estos, incluso involuntaria o forzada, sea vista como apoyo al terrorismo, lo cual preocupa al sector.
“Por ejemplo, si algún aguacatero tiene un chofer y este por algún motivo empieza a traficar droga, incluso si no lo sabe el aguacatero, el empresario es el que corre el riesgo de que sus activos sean bloqueados y, por lo tanto, pues que tenga que enfrentar incluso problemas legales severos a pesar de no tener responsabilidad sobre lo que hizo o no hizo su empleado”, apunta.
“Los ciudadanos honestos que se dedican a actividades lícitas y que no tienen realmente contacto están en riesgo por la misma característica de su actividad”.
Por su parte, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, advierte que otro escenario que podría presentarse es que se presuma una relación con ese tipo de grupos criminales por el pago de una extorsión o rescate.
“Podría darse el caso de que el Departamento de Justicia solicite el bloqueo de cuentas porque una persona está pagando extorsión o en el pasado pagó el rescate de un secuestro, o se sometió de alguna manera al peso de la delincuencia”, advierte.
Las consecuencias entonces las sufriría la persona o la compañía, a pesar de que muchos empresarios pagan “piso” o rescates por fallas del Estado.
“No porque ellos quieran”, recalca, “entonces todos estos son riesgos reales que se deben considerar y que pues en ese sentido el gobierno mexicano debería de tener una estrategia para proteger al ciudadano”.
El Observatorio de Asuntos Globales de la Cámara de Diputados coincide en que hay poca claridad sobre la trascendencia que tendrá la orden ejecutiva de Trump que condujo a clasificar como terroristas a los cárteles citados.
Pero por otra parte, las consecuencias posibles, se destaca en un documento, abarcan desde el bloqueo de transacciones y congelamiento de activos, hasta su incorporación a un régimen especial para terroristas.
“En el ámbito empresarial, los efectos también podrían ser considerables. En un entorno económico globalizado, cualquier pago realizado por empresas, organizaciones o individuos vinculados, consciente o inconscientemente, a un cártel podría interpretarse como una forma de apoyo a organizaciones terroristas”, apunta.
“Esto incluiría casos en los que tales pagos o recursos sean entregados bajo amenazas o coacción”, indica el Observatorio, dedicado al análisis del entorno internacional y creado a partir de esta 65 Legislatura, en septiembre pasado.
