* Alivio fiscal mínimo frente a inflación acumulada……
Por Mireya Álvarez
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó las nuevas tablas del Impuesto Sobre la Renta para personas físicas aplicables en 2026, como parte de la Resolución Miscelánea Fiscal. El anuncio se presentó como un ajuste necesario por inflación pero en los hechos, refleja una corrección tardía e insuficiente frente a la pérdida sostenida del poder adquisitivo que han enfrentado millones de contribuyentes desde 2022, los rangos de ingresos se incrementaron alrededor de 13 por ciento en línea con la inflación acumulada de noviembre de 2022 a noviembre de 2025, sin embargo, el impacto real en el bolsillo de trabajadores y pequeños contribuyentes, será mucho menor al presumido por la autoridad hacendaria.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía la inflación acumulada en ese periodo alcanzó 13.21 por ciento y, con base en ese dato, Hacienda decidió mover los límites de cada tarifa del ISR, lo que en teoría evita que los aumentos salariales nominales empujen a los trabajadores a pagar más impuestos, sin haber ganado poder real el llamado efecto inflación que por años ha castigado a asalariados y profesionistas, el problema es que este ajuste no representa un beneficio nuevo sino apenas una corrección mínima a un rezago que el propio gobierno permitió.
Especialistas en materia fiscal reconocen que el cambio tendrá un impacto marginal. La Comi-sión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que, dependiendo del nivel de ingresos, algunos contribuyentes podrían pagar alrededor de 9 por ciento menos de ISR, una cifra que queda por debajo de la inflación acumulada y muy lejos de compensar el encarecimiento de alimentos, servicios, vivienda, transporte y crédito, es decir, el ajuste no devuelve lo perdido solo evita que se pierda un poco más.
El discurso oficial habla de alivio fiscal pero omite que, durante años, las tarifas del ISR permanecieron prácticamente congeladas, mientras los precios subían de manera constante, en ese contexto el ajuste para 2026 no es una concesión sino una obligación legal y técnica que llega tarde, para millones de trabajadores el ISR se convirtió en un impuesto cada vez más pesado, no porque ganaran más, sino porque el sistema no reconocía el efecto inflacionario, ahora Hacienda presenta la actualización como un logro cuando, en realidad, corrige una omisión.
Además el beneficio no será generalizado, quienes tributan bajo el Régimen Simplificado de Confianza quedan fuera de este ajuste, bajo el argumento de que ya pagan tasas preferenciales de entre 1 y 2 punto 5 por ciento sobre sus ingresos, no obstante, muchos pequeños contribuyentes en este régimen, enfrentan otros costos crecientes como cuotas de seguridad social, pagos provisionales y cargas administrativas, por lo que el supuesto privilegio fiscal se diluye en la práctica, la exclusión del Resico evidencia una política fiscal fragmentada que no atiende de manera integral la realidad de los contribuyentes.
Para los asalariados, el impacto también será limitado, si bien la retención mensual podría disminuir ligeramente, en algunos casos el efecto se verá absorbido por otros factores como el aumento en precios regulados, tarifas locales, impuestos indirectos y servicios básicos, además el ajuste no implica una reducción de tasas sino solo un corrimiento de rangos, lo que significa que quienes ya estaban en los niveles más bajos, seguirán pagando prácticamente lo mismo, mientras que los de ingresos medios apenas notarán la diferencia.
En el caso de profesionistas independientes, arrendadores y personas con ingresos por intereses, el escenario no es muy distinto, el ajuste evita que una parte de sus ingresos caiga en escalones más altos del impuesto pero, no representa un incentivo real para la inversión o el consumo, en un entorno de desaceleración económica y alto costo del financiamiento, la política fiscal se limita a administrar la inercia sin ofrecer estímulos claros para reactivar la economía interna.
Otro punto crítico es la narrativa de sensibilidad social que acompaña la medida, Hacienda sostiene que busca proteger el ingreso de las familias frente a la inflación, sin embargo, la política fiscal sigue recargando el peso de la recaudación en los contribuyentes cautivos, asalariados y pequeños negocios, mientras la evasión y elusión en grandes corporaciones continúa siendo un tema opaco, el ajuste al ISR no toca ese fondo estructural, solo maquilla una realidad desigual.
La actualización de las tablas para 2026 también revela la falta de una estrategia de largo plazo, en países con sistemas fiscales más robustos, los ajustes inflacionarios son automáticos y periódicos para evitar distorsiones, en México se realizan de manera discrecional y reactiva, lo que genera incertidumbre y desconfianza entre los contribuyentes, el mensaje es claro el Estado actúa cuando la presión es insostenible no cuando la planeación lo exige.
En suma el ajuste al ISR para 2026 es una medida necesaria pero insuficiente, no representa una reducción real de la carga fiscal ni un reconocimiento pleno del deterioro económico que han vivido los hogares, es un movimiento técnico presentado como beneficio social, un respiro mínimo frente a una inflación acumulada que ya hizo daño, mientras no se revise de fondo la estructura del sistema tributario la promesa de alivio seguirá siendo solo eso una promesa que llega tarde y se queda corta.
