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Jueces federales protegen narcotráfico, lavado de dinero y corrupción: UIF

Sin darle más vueltas al asunto, de manera tajante y con autoridad, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, acusó a los jueces federales de ser parte de los “enemigos” que han impedido acabar con el “Estado corrupto”, pues han “protegido” a personas físicas y morales dedicadas a lavar dinero del narcotráfico y de actos de corrupción liberándoles miles de millones que esta unidad había pedido congelar.

Esta contundente afirmación la hizo durante el arranque del curso a representantes del gobierno de México, instituciones financieras y de actividades vulnerables, y a las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de los estados, con el que la UIF ofrece una capacitación, previo a la revisión que hará a México el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En su discurso de inauguración, Gómez Álvarez sostuvo que México no ha concluido esta tarea; primero, porque padeció durante siete décadas a gobiernos que consolidaron el “Estado corrupto”, y finalmente, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República en 2018, siguieron los obstáculos y los “enemigos” internos y externos.

De igual manera, también apuntó concretamente a los jueces federales, como parte de estos “enemigos” a los que se enfrentó el gobierno de López Obrador y el actual encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, pues denuncia que se protegen y exoneran delitos relacionados con lavado de dinero.

“En materia de inteligencia financiera, los dos gobiernos recientes han tenido que enfrentar a enemigos dentro y fuera del Estado. En esta materia, como en otras, los más contumaces son hoy los jueces federales”.

Por otra parte, Gómez Álvarez recordó que se han impuesto jurisprudencias con las que se han liberado miles de millones de pesos vinculados con delitos, sólo, por decisión de un juez.

“Desde la jurisprudencia de 2018 se ha venido combatiendo el mecanismo legal de prevención del lavado de dinero mediante el uso distorsionado del juicio de amparo, a tal grado de que, dentro del incidente de la suspensión provisional, se ha ordenado la desincorporación del sujeto quejoso de la lista de personas bloqueadas, es decir, que antes del juicio propiamente dicho se concede el amparo al dejar a este procedimiento jurisdiccional sin materia, y esto es cosa de todos los días ya por el Poder Judicial”, denunció el funcionario.

Al profundizar en el tema, también alertó que “miles de millones de pesos han sido desbloqueados por jueces y juezas aun antes de las ejecutorias de amparo. Miles de personas, físicas y morales, han sido protegidas por la justicia de la Unión a pesar de lavar dinero procedente de actividades de corrupción y de narcotráfico. Centenares de sujetos procesados han sido exonerados de lavado de dinero y de delitos predicados”.

Por lo que aprovechó para pronunciarse sobre la reforma judicial que, sostuvo, “no es un pleito entre poderes, sino de la corrupción y desenfreno de la judicatura, parte integrante del viejo Estado corrupto”.

Y reiteró, como lo ha dicho en otros momentos y en comunicados oficiales de la UIF, que están “preparando proyectos de ley” para que sea por la vía legislativa, como se logre poner “coto a todo” lo ejercido por los jueces y que afecta las facultades de esta unidad.

Además, hizo un llamado a que GAFI acabe con los paraísos fiscales, para lo que se requiere incluir a todos los países en el combate al lavado de dinero, en lugar de excluirlos.

“México está abierto a la evaluación de GAFI. Pide que dicho ejercicio se ponga del lado de los grandes esfuerzos de nuestro gobierno en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como contra la corrupción y la delincuencia organizada.

Pide también que GAFI y los organismos regionales, tales como GAFILAT y todos los demás, se declaren francamente en favor de que dejen de existir los llamados ‘paraísos’ que son jurisdicciones refugio de recursos de procedencia ilícita, tenemos una lista de más de 20 y creo que nos hemos quedado cortos”, finalizó Gómez Álvarez.

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