La iniciativa de reforma judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, no contempla la indemnización para los más de mil 600 jueces que pretende despedir injustificadamente, por lo cual seguramente, de aprobarse e implementarse en los términos en que fue presentada, iniciarán una serie de procesos legales que muy probablemente llegarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde hay precedentes que protegen a jueces de la separación injustificada de sus cargos, como se pretende hacer, expuso la jueza Juana Fuentes Velázquez.
La directora de la Asociación de Magistrados y Jueces Federales, destaca que la iniciativa de reforma judicial que se discute en el Congreso, no contempla un plan para indemnizar a los jueces que despedirán injustificadamente; en la CIDH hay precedentes en la materia, señaló.
La directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), expuso que hasta ahora ese asunto ha sido un tema tabú en los foros celebrados para discutir la iniciativa que se dictamina en la Cámara de Diputados.
Dijo que separar a los jueces que actualmente están en funciones, como se pretende, constituiría separaciones injustificadas; sin embargo, “la iniciativa no prevé ningún aspecto indemnizatorio para los más de mil 600 juzgadores, que se fueran a la calle; prácticamente nada más dice que serán sustituidos por personas que en el periodo tal sean elegidas a través del voto popular”.
Ante esa situación, la también jueza de Distrito del décimo primer tribunal laboral federal de asuntos individuales con sede en la Ciudad de México, dijo que el mecanismo que tienen los juzgadores que resulten afectados es la Corte Interamericana en donde se tienen precedentes en la materia.
Según la Carta Democrática Interamericana, resulta esencial para la existencia de un estado democrático de derecho la división de poderes y la independencia de los jueces y juezas, que resuelvan las controversias entre el Estado y las personas respecto de eventuales amenazas o violaciones a sus derechos humanos.
Incluso, en algunos casos ha dictado medidas de reparación en relación con la independencia judicial y de fiscales.
La jueza Fuentes Velázquez llamó la atención que de verse obligados a acudir a la CIDH, debe tomarse en cuenta que esos procesos pueden durar hasta cuatro o cinco años en resolverse y, de acuerdo con propias resoluciones de la Corte, se deben pagar salarios caídos, lo cual al final lo terminarán pagando los ciudadanos con sus impuestos.
En consecuencia, teniendo en cuenta que la garantía de permanencia o estabilidad en el cargo de todo juez, titular o provisional, debe operar para permitir el reintegro a la condición de magistrado de quien fue arbitrariamente privado de ella, el Tribunal considera que como medida de reparación el Estado deberá reintegrar a las víctimas al Poder Judicial, si estas así lo desean, en un cargo que tenga las remuneraciones, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería el día hoy si no hubieran sido destituidos.
Además estableció que “si por motivos fundados, ajenos a la voluntad de las víctimas, el Estado no pudiese reincorporarlas al Poder Judicial en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente sentencia, deberá pagar una indemnización, que esta Corte fija en equidad en cien mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, para cada una de las víctimas, en el plazo máximo de dieciocho meses a partir de la notificación de la presente sentencia”.
Por otra parte, la jueza destacó que de aprobarse e implementarse la reforma como fue enviada al Congreso, afectaría también al personal de los juzgados como actuarios, secretarios y oficiales, a quienes, durante los foros de discusión de la iniciativa se les ha asegurado que no saldrán perjudicados.
Dijo que tan sólo hay que tomar en cuenta que a esos trabajadores se les afectará su derecho laboral al ascenso, pues la reforma violentará la carrera judicial según la cual ellos podrían postularse para un cargo de juez o magistrados, para lo cual lo que valía era el conocimiento y las aptitudes para esos puestos y ahora va depender que alguien los integre a las listas de candidatos que serán puestas a consideración de los ciudadanos cuando vayan a votar para elegir a los jueces.
“La gente por eso no compra ese discurso de los legisladores porque para ellos la carrera judicial va a terminar en el cargo de secretario”, finalizó jueza Juana Fuentes Velázquez.
