El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, denunció que los Parlamentos Abiertos, convocados por los legisladores para discutir la reforma judicial, estuvieron restringidos y no se escucharon a todos los expertos.
Y de manera preocupante, advierte que de aprobarse la reforma al Poder Judicial, se corre el riesgo de tener jueces débiles y se da entrada a la injerencia del crimen organizado en su nombramiento, esto según apreciaciones de la propia dependencia, así como varios abogados.
Medina Mora denunció que los Parlamentos Abiertos, convocados por los legisladores para discutir la reforma judicial, presentaron diversas irregularidades.
“Sin duda la mayor preocupación es la propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros, ya que puede comprometer la independencia judicial.
“La propuesta como está planteada podría erosionar tanto la confianza pública como la atracción de inversiones. Esto puede generar incertidumbre jurídica que tanto reclaman los inversionistas. Ningún país de la OCDE elige a jueces y magistrados”, señaló Medina Mora a manera de crítica y severa advertencia.
Añadió que la reforma puede politizar la justicia, creando conflictos de intereses.
Por su parte, Ana Rovira, del Colegio de Abogados, advirtió que la inamovilidad de los jueces pone en riesgo a estos juzgadores ante el crimen organizado.
“La inamovilidad de los jueces de la delincuencia organizada equivale a su seguridad. Un juez que está enquistado en un estado que ve asuntos de delincuencia organizada corre el riesgo de que lo maten. El tema de la movilidad de este tipo de jueces está hecho para su protección”, manifestó de manera contundente.
Por ello, dijo, en el marco de la reforma judicial se requieren excepciones para este tipo de jueces.
“Uno de los temas es que si la reforma va a pasar, ¿qué va a ocurrir con estos jueces? Me parece que tenemos que tener excepciones claras para protegerlos”, indicó Rovira.
A su vez, Mariana Campos Villaseñor, analista de México Evalúa, coincidió que a través de la violencia se está buscando el control de los gobiernos y los aparatos de justicia.
“Preocupa que en lugar de que estemos fortaleciendo la inamovilidad de los cargos y generando políticas públicas que lidien con los ataques y amenazas que enfrentan los empleados de Estado de derecho, como pueden ser los jueces, estamos abriendo la puerta a que sea mucho más fácil para los grupos criminales incidir en la justicia”, afirmó.
Añadió que el Gobierno ha demostrado su incapacidad para detener la violencia política electoral, y una muestra fue lo que sucedió durante las elecciones presidenciales.
“Si ya vimos cómo la violencia y el crimen está corrompiendo los procesos electorales, vamos a abrir la puerta para que esto también sea posible en el Poder Judicial”, comentó Campos.
