En respuesta a un amparo promovido por la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), un juez de la Ciudad de México ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar los contratos relacionados con el software de espionaje Pegasus.
Pese a la resolución definitiva del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para hacer públicos los documentos sobre la contratación de servicios con la empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V., relacionados con el programa Pegasus, la Secretaría de la Defensa Nacional se niega a entregarlos.
R3D ha reportado en diversas ocasiones que, pese a requerimientos de varias instituciones e incluso habiendo aceptado la existencia de dichos contratos que probarían que la institución castrense ha espiado a periodistas, activistas de derechos humanos y políticos durante las administraciones de Peña Nieto y López Obrador, Sedena no ha acatado las resoluciones.
El software Pegasus ha sido utilizado, desde su primera contratación en 2011 durante el gobierno de Felipe Calderón a la empresa israelí NSO Group, para intervenir llamadas de los implicados en casos como el de los normalistas de Ayotzinapa, asegura R3D.
Tanto el INAI, el presidente Andrés Manuel López Obrador y en su momento instancias como la FGR han requerido a Sedena entregar la información sobre el software y pese a que ésta ha entregado documentación ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con los costos de los contratos, la dependencia alega motivos de “seguridad nacional” para no hacerla pública.
La R3D espera que, en esta ocasión, Sedena no desacate la orden del juez de por fin entregar las versiones públicas de los papeles mencionados, pues, de acuerdo con la organización, quedaría claro el peligro de la militarización de la vida pública en el gobierno civil, aseguró la organización.
