La juez Maame Frimpong emitió una orden que prohíbe a la Administración Trump continuar con las redadas migratorias indiscriminadas en el sur de California, específicamente aquellas en las que se arresta a personas basándose en su perfil racial, como el color de piel o el idioma que hablan.
La magistrada también ordenó que el Gobierno federal no puede restringir el acceso de los abogados a un centro de detención de migrantes en Los Ángeles.
Esta decisión judicial surgió tras una demanda presentada la semana pasada ante un tribunal de distrito de California por personas afectadas por las redadas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los demandantes denuncian múltiples violaciones constitucionales y de perfil racial en estos operativos. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega estas acusaciones, calificándolas como “repugnantes y categóricamente falsas”.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha adoptado una posición firme contra estos operativos. La demócrata anunció que el Ayuntamiento continuará buscando recursos legales en los tribunales para contrarrestar lo que califica como “operativos violentos con agentes enmascarados”.
Bass hizo especial referencia al despliegue militar ocurrido el lunes en el icónico Parque MacArthur, corazón de la comunidad centroamericana, que se realizó sin el permiso de la ciudad.
El operativo incluyó un helicóptero del DHS sobrevolando la zona, mientras que en tierra los agentes se movilizaban en vehículos blindados y a caballo. Según la alcaldesa, estas acciones tenían como único fin “atemorizar” a los angelinos.
“Nunca aceptaré estas redadas ilegales y caóticas y seguiré haciendo todo lo posible para defender los derechos de los habitantes de Los Ángeles”, advirtió Bass.
La ciudad presentó una moción para unirse a una demanda contra el Ejecutivo estadounidense, alegando que las redadas en Los Ángeles y sus alrededores son inconstitucionales y están basadas en el perfil racial.
Además, Bass firmó una orden ejecutiva que refuerza los protocolos municipales que prohíben el uso de recursos de la ciudad para la aplicación de la ley migratoria.
